La comunidad de El Paso se movilizó el pasado 25 de abril para rechazar la expansión de centros de detención migratoria tipo “almacén” impulsados por Immigration and Customs Enforcement (ICE), en el marco del Día Nacional de Acción “Communities Not Cages” (Comunidades, no jaulas), una jornada coordinada a nivel nacional en defensa de los derechos de los migrantes.
La protesta, que incluyó una caravana de automóviles y una conferencia de prensa, fue encabezada por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, el Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas y la ACLU de Texas, junto a otras organizaciones. El objetivo fue denunciar el crecimiento acelerado de instalaciones de detención masiva en todo Estados Unidos, particularmente aquellas adaptadas en antiguos almacenes industriales.
La movilización también buscó mostrar solidaridad con comunidades del Valle Bajo como Socorro, Clint y Fabens, donde existe un fuerte rechazo a la posible construcción de un centro de detención con capacidad para albergar hasta 8,500 personas. De concretarse, esta instalación se convertiría en una de las más grandes del país, pese a las preocupaciones expresadas por residentes y líderes locales.
El contexto nacional ha estado marcado por un mayor escrutinio hacia este modelo de detención, mientras que a nivel local las inquietudes se han centrado en el impacto que estos proyectos tendrían sobre recursos esenciales como el agua, la infraestructura y las condiciones de vida en la región fronteriza. De acuerdo con diversos informes, una instalación de esta magnitud podría requerir entre cientos de miles y más de un millón de galones de agua al día, lo que representaría una presión significativa para el ya limitado suministro en la zona.
Durante la caravana, los manifestantes expresaron su inconformidad con mensajes escritos en los vidrios de sus vehículos y pancartas con consignas como “Alto al abuso”, “No deportaciones, sí legalización”, “Alto a la separación de familias” y “ICE fuera de Socorro”, entre otras.
Activistas recordaron que las comunidades de El Paso ya han enfrentado las consecuencias de la detención a gran escala. En instalaciones como el Campamento East Montana, se han documentado condiciones inhumanas, deficiencias en la atención médica y casos de negligencia, lo que ha incrementado la preocupación ante la posible expansión de este modelo.
Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue el testimonio de Luci, una mujer que permaneció detenida durante cinco meses en un centro de detención migratoria. Entre lágrimas, denunció los abusos sufridos durante su reclusión. “En ese tiempo me quitaron parte de mi vida, mi dignidad; me separaron de mi familia y sufrí abusos, además de mala alimentación e instalaciones inseguras”, relató.
La mujer también aseguró que las personas detenidas eran obligadas a trabajar largas jornadas en condiciones precarias. “Teníamos que trabajar ocho horas por un dólar la hora junto con otras 240 mujeres, limpiando baños y paredes. No quieren que trabajemos afuera, pero sí nos quieren tener trabajando ahí adentro”, afirmó.
Asimismo, denunció el impacto emocional que estas condiciones generan en los migrantes detenidos. “Es mucho el sufrimiento, al punto que muchos se quieren suicidar ahí adentro”, expresó, al tiempo que exigió un alto a las detenciones masivas y mayor respeto a los derechos humanos.
La jornada concluyó con un llamado de las organizaciones participantes a frenar la expansión de estos centros y a priorizar políticas migratorias más humanas, en medio de un creciente debate nacional sobre el uso de instalaciones de gran escala para la detención de migrantes.
