WASHINGTON, D.C. – El representante estadounidense Gabe Vasquez (demócrata por Nuevo México) lidera la demanda de la revocación inmediata de los despidos masivos ilegales de empleados federales, una acción que amenaza el sustento de miles de trabajadores de Nuevo México. Vasquez, junto con los senadores estadounidenses Martin Heinrich (demócrata por Nuevo México) y Ben Ray Luján (demócrata por Nuevo México), y las representantes Teresa Leger Fernández (demócrata por Nuevo México) y Melanie Stansbury (demócrata por Nuevo México), está luchando para proteger a estos trabajadores, que desempeñan papeles esenciales en las comunidades y economías de Nuevo México.
Solo en Nuevo México, aproximadamente 2200 empleados federales podrían verse afectados, incluidos aquellos que ayudan a cuidar a los veteranos, administran tierras públicas, protegen los bosques y mantienen seguros a los habitantes de Nuevo México. Desde la Administración de Salud para Veteranos hasta el Servicio Forestal de los EE. UU. y la Oficina Federal de Investigaciones, estos dedicados trabajadores desempeñan funciones fundamentales para nuestro estado.
“Despedir abruptamente a estos empleados sin el debido proceso no solo socavaría la prestación de servicios gubernamentales esenciales, sino que también tendría consecuencias económicas generalizadas para nuestro estado. El empleo federal es un importante contribuyente a la economía de Nuevo México, ya que sustenta a miles de familias y genera ingresos locales significativos. Los despidos a gran escala de empleados en período de prueba se propagarían por nuestras comunidades, reduciendo el gasto de los consumidores, presionando a las empresas locales y creando una inestabilidad económica innecesaria”, escribieron los legisladores en su carta al presidente Trump.
Vásquez enfatizó cómo estos despidos podrían poner en peligro la seguridad de los habitantes de Nuevo México: “Informes recientes destacan la amplia capacitación y la dependencia de la Oficina Federal de Investigaciones de los empleados en período de prueba, con nuevos agentes y personal de apoyo que investigan activamente los delitos en todo el país. Despedir a estos empleados podría tener consecuencias nefastas para la seguridad nacional y la seguridad pública. Estos despidos seguramente debilitarán la seguridad nacional al eliminar al personal involucrado en investigaciones críticas. La pérdida de estos agentes dejaría un trabajo vital sin terminar y podría comprometer la seguridad pública tanto en el presente como en los años venideros”.
La carta también señalaba que los empleados en período de prueba están protegidos por la ley federal, lo que significa que no pueden ser despedidos excepto por problemas de desempeño o comportamiento. “Ya se han planteado inquietudes sobre la legalidad de estos despidos, señalando que los despidos masivos sin evaluaciones individualizadas violan los estatutos federales existentes sobre la fuerza laboral. La ley federal permite el despido de empleados en período de prueba en función del desempeño o la conducta. No permite despidos a gran escala sin evaluaciones individualizadas o el cumplimiento de los procedimientos de reducción de personal. Además, prohíbe explícitamente el despido de empleados en período de prueba por razones políticas partidistas. Las agencias federales deben contar con personal profesional calificado, no leal a los políticos”.
Para cerrar, Vásquez exigió: “Instamos a su Administración a detener cualquier plan de despidos masivos de empleados en período de prueba en Nuevo México y en todo el país”.
