El gobierno de Trump solicitó al Seguro Social que más de 6,000 inmigrantes fueran añadidos a la base de datos oficial de fallecidos. La consecuencia inmediata: pierden acceso a trabajos legales, beneficios federales, cuentas bancarias y servicios básicos. En términos prácticos, quedan fuera del sistema. La estrategia busca que se vayan solos. Lo llaman “auto-deportación inducida”.
La base, rebautizada como “Archivo de Inelegibles”, se usará para identificar a quienes ya no califican para estar en EE.UU. según el nuevo criterio del gobierno. Entre los primeros afectados hay beneficiarios de programas temporales de trabajo, ya cancelados. Otros fueron señalados —sin evidencia pública— por estar en listas de vigilancia o tener antecedentes criminales.
La muerte como política migratoria
- El mecanismo es novedoso y legalmente cuestionado: figurar como muerto ante el Seguro Social implica consecuencias inmediatas y, muchas veces, irreversibles. Ni trabajar, ni recibir ayuda, ni acceder a servicios. Para los bancos, empleadores y agencias federales, dejan de existir. La administración asegura que busca cortar incentivos. Críticos lo comparan con una forma de muerte civil.
- La presión viene de arriba. Elon Musk y su equipo DOGE —encargados de recortar costos en agencias federales— han liderado los cambios en el Seguro Social, incluyendo este uso del Death Master File. Las decisiones, según reportes, se toman con base en datos compartidos entre agencias y sin procesos judiciales claros.
El precedente
Algunos advierten que si el gobierno puede marcar como muertos a quienes no lo están, puede hacer lo mismo con cualquier otro grupo. Incluso para quienes no reciben beneficios, figurar en la base de datos equivale a un bloqueo masivo. El programa, según fuentes internas, ya tiene en la mira a decenas de miles más
