- Hasta 9 años de cárcel por facturas falsas: el cambio en el Código Fiscal de la Federación en 2026
A partir de 2026, el combate a la evasión fiscal en México dará un giro más severo con la entrada en vigor de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), que establecen penas de hasta nueve años de prisión para los contribuyentes que emitan o utilicen facturas falsas, práctica comúnmente vinculada a las llamadas empresas “factureras”.
De acuerdo con las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades fiscales reforzarán las sanciones penales contra quienes participen directa o indirectamente en la expedición, compra, venta o uso de comprobantes fiscales digitales apócrifos, al considerarlos instrumentos clave para la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
El texto legal establece que será sancionada cualquier persona que, “por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos”. Las penas previstas van de dos a nueve años de prisión, lo que representa un endurecimiento significativo frente al marco legal anterior.
Uno de los cambios más relevantes es que, con estas nuevas disposiciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá iniciar acciones penales de manera anticipada, incluso antes de que concluyan los procedimientos administrativos que tradicionalmente precedían a las denuncias ante la Fiscalía. Esta facultad busca acelerar los procesos y evitar que los presuntos responsables evadan la justicia mediante recursos legales prolongados.
Especialistas en materia fiscal han señalado que esta reforma responde a la intención del gobierno federal de cerrar espacios a esquemas de simulación fiscal, utilizados durante años para deducir gastos inexistentes, inflar costos o justificar operaciones que nunca ocurrieron. De acuerdo con estimaciones oficiales, las factureras han generado pérdidas millonarias al erario y han distorsionado la competencia entre empresas.
No obstante, el endurecimiento de las sanciones también ha generado inquietud entre contribuyentes y contadores, quienes advierten la necesidad de mayor claridad y capacitación para evitar que errores administrativos o fallas involuntarias sean interpretadas como delitos fiscales. En este sentido, recomiendan reforzar los controles internos y verificar exhaustivamente a proveedores y clientes.
Con estas reformas, el 2026 marcará una nueva etapa en la política fiscal del país, en la que el uso indebido de facturas falsas dejará de ser solo una falta administrativa para convertirse en un delito con consecuencias penales severas, elevando el riesgo para quienes participen en este tipo de prácticas ilícitas.
