El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, vetó el Proyecto de Ley 1819 de la Cámara de Representantes que elimina el toque de queda para menores de 17 años, según un comunicado de prensa.
La ciudad dice que Leeser presentó un memorando ante la secretaria municipal para notificar al Concejo Municipal, al administrador interino de la Ciudad y al público que está vetando la medida que fue aprobada por el Concejo Municipal el 15 de agosto de manera unánime, con la ausencia de la regidora Isabel Salcido.
Dado que El Paso actualmente tiene una disposición de ordenanza juvenil bajo las secciones 10.20.010 a 10.20.054 del código de la ciudad, el Concejo Municipal votó para eliminar el toque de queda y seguir la nueva ley estatal, que entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2023.
“Desde que se tomó la medida”, explica el alcalde en su presentación, “los comentarios que he recibido de los miembros de la comunidad apoyan abrumadoramente que se mantenga la ordenanza tal como está. He recibido reacciones de los habitantes con serias preocupaciones sobre el impacto negativo que tendría el levantamiento del toque de queda”.
El alcalde Leeser dice que también habló con el Departamento de Policía de El Paso y la Oficina del Sheriff. Ambas organizaciones se hicieron eco de la reacción pública que había estado recibiendo, señaló el alcalde.
“Creo que la autoridad discrecional sobre este asunto debe recaer en el nivel local”, afirmó Leeser, “directamente en relación con las preocupaciones de los electores locales”.
El alcalde agregó que el reclutamiento criminal y el mayor acceso al fentanilo son dos amenazas nocturnas que enfrentan particularmente los jóvenes de El Paso.
“Cualquier herramienta que permita a nuestra comunidad salvaguardar la seguridad de nuestros niños es una herramienta que vale la pena conservar”.
Señaló que este veto es su primer paso en un “esfuerzo concentrado” para obligar a la legislatura del estado de Texas a reconsiderar esta nueva ley.
El consejo adoptó por primera vez el toque de queda juvenil el 31 de agosto de 1991. Desde entonces, el consejo lo ha renovado cada tres años. Según la ordenanza, los menores de 17 años que violen la medida, así como sus padres, pueden ser acusados de un delito menor de clase C.
