En una medida sin precedente por su magnitud, la administración del presidente Donald Trump se prepara para revocar hasta 200 mil visas de negocios y turismo a extranjeros que solicitaron asilo o mantienen un trámite de protección abierto en Estados Unidos. De concretarse, sería la mayor cancelación colectiva de visas de este tipo en la historia del país.
La medida alcanzaría las visas B1 y B2 expedidas entre 2016 y 2026. Estas autorizaciones permiten ingresar temporalmente a Estados Unidos para realizar actividades comerciales, visitar familiares o hacer turismo. Sin embargo, el retiro no afectaría indiscriminadamente a todos los usuarios, sino específicamente a quienes, después de obtener una de estas visas, presentaron una solicitud de asilo.
Documentos del Departamento de Estado y declaraciones de funcionarios estadounidenses obtenidos por Associated Press señalan que el anuncio oficial podría realizarse durante las próximas semanas. La cifra definitiva todavía se encuentra bajo revisión y la iniciativa podría enfrentar impugnaciones legales.
Aunque la revocación de una visa no significa automáticamente una deportación inmediata ni la cancelación de una solicitud de asilo, los afectados perderían el documento que les permite viajar a Estados Unidos como visitantes temporales. Su permanencia en el país dependería entonces de su situación migratoria y del avance de su proceso de protección.
La posibilidad de un retiro tan amplio ha provocado preocupación entre miles de usuarios de visas, principalmente en comunidades fronterizas donde este documento es indispensable para visitar familiares, realizar compras, trabajar en actividades autorizadas o atender compromisos comerciales. Abogados migratorios recomiendan a los viajeros verificar el estado de su visa antes de intentar ingresar al país y evitar proporcionar información falsa o contradictoria a las autoridades.
El gobierno de Trump sostiene que algunas personas utilizan las visas temporales para ingresar a Estados Unidos y posteriormente permanecer mediante una solicitud de asilo. La administración considera esta práctica un posible abuso del sistema migratorio, aunque presentar una petición de asilo constituye un procedimiento legal y cada caso debe ser evaluado individualmente.
La iniciativa forma parte de una política migratoria más estricta que incluye una revisión amplia de expedientes, redes sociales y antecedentes de extranjeros. El Departamento de Estado informó recientemente que durante los últimos 18 meses fueron revocadas más de 175 mil visas por diferentes motivos, entre ellos acusaciones penales y razones relacionadas con seguridad nacional.
Por ahora, las personas que cuentan con una visa B1 o B2 y no han solicitado asilo no forman parte del grupo señalado en los documentos. No obstante, la dimensión del operativo mantiene la incertidumbre entre viajeros y familias, ante lo que podría convertirse en la acción de revocación de visas más extensa jamás realizada por Estados Unidos.
