WASHINGTON, D.C.- El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al sancionar a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente involucradas en una sofisticada red de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México, considerada una de las principales fuentes de financiamiento del grupo criminal.
La acción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependientes del Departamento del Tesoro, como parte de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para desmantelar las fuentes de ingresos de las organizaciones criminales y terroristas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la organización utilizaba empresas fachada, documentos aduanales falsificados y una compleja red de compañías de transporte y logística para introducir gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México, evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estas operaciones demuestran cómo los cárteles mexicanos han diversificado sus actividades más allá del narcotráfico.
“Los cárteles ya no dependen únicamente del tráfico de drogas; ahora generan enormes ganancias mediante esquemas de contrabando de combustible y evasión fiscal que fortalecen sus operaciones criminales”, señaló.
El “huachicol fiscal”, un negocio multimillonario
Las autoridades estadounidenses explicaron que el llamado “huachicol fiscal” se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos ilícitos para los cárteles mexicanos.
El esquema consiste en comprar combustible legalmente en Estados Unidos para introducirlo ilegalmente a México mediante documentación alterada, declaraciones falsas ante las aduanas y el uso de empresas comercializadoras que carecen de los permisos correspondientes para importar hidrocarburos.
Una vez en territorio mexicano, el combustible es distribuido en estaciones de servicio vinculadas a organizaciones criminales o comercializado en puntos de venta clandestinos, generando pérdidas multimillonarias para el gobierno mexicano por concepto de impuestos no recaudados.
El Departamento del Tesoro estima que este esquema produce decenas de millones de dólares anuales para el CJNG.
Investigación en la frontera
La investigación fue encabezada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional del Sur de Texas y contó con la participación de la DEA, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y autoridades financieras mexicanas.
FinCEN informó que, tras emitir una alerta sobre el contrabando de hidrocarburos en 2025, recibió más de 160 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con operaciones superiores a 7 mil millones de dólares, principalmente entre Estados Unidos y México.
Los estados con mayor actividad detectada fueron Texas y Florida, mientras que en la frontera texana sobresalen ciudades como Brownsville, McAllen, Mission y Eagle Pass, donde operan empresas relacionadas con el transporte y la industria petrolera.
Empresas y personas sancionadas
Entre los principales sancionados figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como uno de los operadores financieros del CJNG y presunto responsable de crear empresas fachada, falsificar documentos aduanales y coordinar la importación ilegal de combustibles hacia México.
También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, acusado de participar en el traslado ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, las cuales, según las investigaciones, realizaron operaciones por decenas de millones de dólares con compañías relacionadas con el CJNG.
Además, el Departamento del Tesoro congeló los activos bajo jurisdicción estadounidense de nueve empresas dedicadas a los sectores de transporte, logística, servicios financieros y bienes raíces, presuntamente utilizadas para lavar recursos provenientes de estas operaciones.
Buscan cortar el financiamiento del crimen organizado
Las autoridades estadounidenses señalaron que el contrabando de combustibles representa actualmente la principal fuente de ingresos no relacionada con las drogas para diversos cárteles mexicanos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las ganancias obtenidas mediante estas operaciones ilícitas son utilizadas para financiar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos, adquirir armamento, corromper funcionarios públicos y ampliar las operaciones del crimen organizado a ambos lados de la frontera.
Las nuevas sanciones forman parte de la estrategia del gobierno estadounidense para atacar las estructuras financieras que sostienen al CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales que operan entre México y Estados Unidos.
