Un grupo de 57 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Texas solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la liberación de una estudiante de último año de El Paso High School, su hermana de 11 años y sus padres, quienes permanecen detenidos en un centro de inmigración en Dilley, Texas.
La petición fue encabezada por el representante estatal Vince Pérez, demócrata por El Paso, quien representa al distrito donde reside la familia. La carta, respaldada por 44 legisladores en funciones y 13 representantes electos, fue dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella.
Los legisladores pidieron que Michell Germán, de 17 años; su hermana Paola, de 11, y sus padres sean devueltos a su hogar en El Paso mientras continúa su proceso migratorio.
De acuerdo con la información proporcionada por la abogada de la familia, Kate Lincoln-Goldfinch, los agentes de ICE detuvieron el 22 de octubre a Michell y a su padre, Pablo José Guerrero-Pimentel. También arrestaron a Paola y a su madre, Dolores Emilia Zárraga-Colina.
Al día siguiente, las dos menores fueron trasladadas al Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, ubicado a más de 500 millas de El Paso. Al momento de emitirse la carta, la familia acumulaba 29 días bajo custodia.
Cuestionan detención más allá de los 20 días
Uno de los principales argumentos de los legisladores es que el periodo de detención de las menores ya superó los 20 días contemplados en el acuerdo judicial conocido como Flores, que establece protecciones para los niños bajo custodia migratoria.
Ese plazo se cumplió el 11 de noviembre. Sin embargo, las niñas continuaban detenidas nueve días después de esa fecha.
La carta recuerda que en agosto pasado la jueza federal Dolly Gee rechazó los argumentos del Gobierno para evitar la aplicación del periodo extendido de 20 días y expresó preocupación por el cumplimiento de varias disposiciones del acuerdo. También designó a un supervisor especial y a un monitor independiente para vigilar, entre otros aspectos, los tiempos de permanencia de los menores en el centro de Dilley.
Los legisladores señalaron que ICE ha informado ante el tribunal que cada caso de un menor es revisado individualmente para determinar cuándo corresponde su liberación. No obstante, sostuvieron que no existe información pública que indique que alguna de las dos hermanas represente un riesgo de fuga o un peligro para otras personas.
Por ello, solicitaron que ICE conceda la libertad condicional por razones humanitarias que ya fue gestionada por la representación legal de la familia.
En caso de que la agencia se niegue a liberarlos, exigieron una respuesta por escrito antes del 1 de diciembre de 2026, en la que se expliquen las razones por las que cada menor permanece detenida, los resultados de las evaluaciones individuales y si alguna fue considerada un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.
También pidieron confirmar que ambas niñas estén incluidas en los informes mensuales de detención que ICE debe proporcionar conforme al acuerdo Flores, contabilizando su tiempo bajo custodia desde el 22 de octubre.
Mientras permanezcan detenidos, los legisladores exigieron que la familia se mantenga unida, que Paola y su madre reciban atención médica adecuada y que se les garanticen llamadas y visitas confidenciales con su abogado.
Una estudiante alejada de su último año escolar
La situación de Michell ha generado preocupación entre sus compañeros y la comunidad escolar de El Paso. La joven cursa el último año en El Paso High School, participa en el grupo de danza Tigerettes y estudia cosmetología en el Centro de Educación Profesional y Tecnológica del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD).
Además, trabaja medio tiempo y realiza actividades voluntarias con adultos mayores. En septiembre fue elegida Lady-in-Waiting durante las celebraciones de regreso a clases de su escuela.
El pasado 6 de noviembre, durante la celebración de Senior Night, sus compañeros llevaron una fotografía de Michell al campo deportivo como muestra de apoyo, debido a que ella no pudo estar presente por encontrarse detenida en Dilley.
Según su abogada, Paola ha perdido peso porque tiene dificultades para consumir los alimentos que se ofrecen en el centro de detención. También denunció que la madre de las menores enfrenta problemas médicos y no estaría recibiendo la atención necesaria.
Lincoln-Goldfinch explicó que la familia se presentó voluntariamente ante la Patrulla Fronteriza en agosto de 2022 y posteriormente recibió permiso para permanecer en el país mientras avanzaba su procedimiento migratorio. Según la defensa, sus integrantes cuentan con permisos de trabajo y no tienen antecedentes penales.
Vince Pérez plantea responsabilidades para operadores de centros
Al defender la petición, Pérez sostuvo que se trata de menores texanas que fueron separadas de sus escuelas y trasladadas a un centro de detención dentro del mismo estado.
“Una estudiante de 17 años debería estar terminando su último año en El Paso High. Una niña de 11 años debería estar en su salón de clases en Lamar Elementary. Devuélvanlas a casa, a El Paso”, expresó el legislador al cerrar el planteamiento de la carta.
Pérez también señaló que el centro de Dilley opera mediante un acuerdo entre ICE y el municipio de esa localidad, mientras que la empresa privada CoreCivic está encargada de administrar las instalaciones.
La misiva invoca además la legislación de Texas que obliga a cualquier persona que tenga motivos razonables para creer que la salud o el bienestar de un menor ha sido perjudicado por abuso o negligencia a reportarlo de inmediato. Los legisladores sostienen que esa obligación también aplica al personal que trabaja en el centro.
Tres iniciativas para regular los centros de detención
El representante estatal informó que presentó tres propuestas legislativas relacionadas con la operación de centros de detención migratoria en Texas, las cuales serán consideradas durante el periodo legislativo que comienza el 12 de enero de 2027.
La primera, identificada como House Bill 736, permitiría que una persona lesionada dentro de un centro de detención en Texas, o los familiares de alguien que fallezca en esas instalaciones, puedan demandar a la empresa operadora. También establecería responsabilidades por no conservar o divulgar los registros de custodia.
La House Bill 738 propone que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas establezca estándares mínimos para las instalaciones de detención civil.
Por su parte, la House Bill 818 busca impedir que las agencias estatales y los gobiernos locales celebren, renueven o amplíen acuerdos para operar centros de detención migratoria civil.
La solicitud de liberación de la familia se suma a los llamados realizados por las congresistas federales Veronica Escobar y Joaquin Castro, quienes también han intervenido en favor de los detenidos.
Los legisladores estatales advirtieron que el tema de la detención de menores en instalaciones de Texas será parte de la agenda de la próxima Legislatura, que comenzará en enero, cuando los demócratas asumirán la mayoría en la Cámara de Representantes estatal.
