El Paso, Texas.— Al cumplirse un año del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, residentes de El Paso se sumaron a una movilización nacional para exigir el fin de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que acusan de sembrar miedo en vecindarios latinos y de separar a familias trabajadoras mediante redadas y detenciones.
La protesta se llevó a cabo en el centro de la ciudad, donde decenas de personas marcharon y se concentraron con pancartas y consignas dirigidas directamente contra la presencia de ICE en las comunidades. Los manifestantes denunciaron que las acciones de la agencia federal han convertido a barrios enteros en zonas de constante temor, donde padres de familia evitan salir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela por miedo a ser detenidos.
“ICE no protege a nuestras comunidades, las desgarra”, expresaron algunos participantes, quienes insistieron en que la mayoría de las personas detenidas son trabajadores que contribuyen a la economía local y que terminan separados de sus hijos y seres queridos.
La manifestación en El Paso formó parte de una jornada de protestas simultáneas en distintas ciudades del país, donde organizaciones comunitarias, sindicatos, estudiantes y activistas denunciaron lo que consideran una intensificación de las políticas migratorias durante el primer año del segundo mandato de Trump. En varios puntos de Estados Unidos se realizaron marchas, paros laborales y protestas públicas bajo una misma consigna: detener el “terror de ICE”.
Los asistentes también señalaron casos recientes que han provocado indignación a nivel nacional, como el uso de fuerza letal por parte de agentes migratorios durante operativos y las muertes registradas en centros de detención, hechos que, aseguran, evidencian un patrón de abusos y condiciones inhumanas bajo custodia federal.
En El Paso, los manifestantes denunciaron particularmente las condiciones de detención de personas migrantes en instalaciones locales, así como la falta de atención médica adecuada y transparencia en los procedimientos. Afirmaron que estos centros se han convertido en espacios de riesgo para quienes permanecen bajo custodia mientras enfrentan procesos migratorios.
Aunque no se identificó a una organización específica como convocante de la protesta local, los participantes coincidieron en que la movilización responde a un reclamo colectivo que se replica en todo el país: sacar a ICE de las comunidades y frenar las redadas que, aseguran, destruyen el tejido social y familiar.
Mientras el gobierno federal defiende sus políticas como parte de una estrategia de seguridad y cumplimiento de la ley, las manifestaciones en El Paso y otras ciudades reflejan un creciente rechazo social y mantienen encendido el debate nacional sobre inmigración, derechos humanos y el papel de las agencias federales en las comunidades latinas.
