Washington, D.C. El congresista Gabe Vásquez (NM-02) lanzó un fuerte llamado este 17 de septiembre a las principales empresas de redes sociales, exigiendo acciones concretas para detener la venta ilegal de armas de fuego y proteger a niños y familias en Nuevo México y en todo el país.
La petición surge luego de reuniones con líderes policiales del estado, quienes advirtieron sobre el creciente papel de plataformas digitales en la violencia juvenil y el acceso de menores a armas de fuego prohibidas.
En una carta dirigida a Mark Zuckerberg (Meta), Evan Spiegel (Snapchat) y Pavel Durov (Telegram), Vásquez pidió a las compañías ir más allá del cumplimiento de la ley y asumir una responsabilidad activa en la prevención del acoso, la violencia y el comercio ilegal de armas.
“En Nuevo México hemos visto las devastadoras consecuencias de lo que sucede cuando los niños acceden a armas de fuego ilegales en línea. Ninguna familia debería sufrir la angustia de perder a un hijo por violencia prevenible. Las empresas de redes sociales deben hacer su parte para mantener a los niños seguros”, señaló el legislador.
El llamado de Vásquez se da tras un tiroteo masivo ocurrido en marzo en Las Cruces, donde tres adolescentes perdieron la vida. De los cuatro sospechosos acusados, tres eran menores de edad, y la evidencia reveló que intentaban vender armas de fuego de manera ilegal a través de internet.
De acuerdo con Vásquez, ese caso refleja la urgencia de fortalecer la supervisión digital para impedir que armas robadas o prohibidas circulen en redes sociales sin control.
Exigencias a las tecnológicas
En su carta, el congresista planteó cuatro puntos clave que las plataformas deben atender:
- Prevenir la venta de armas robadas.
- Impedir que menores adquieran armas en línea.
- Mejorar la detección y denuncia de acoso y amenazas violentas.
- Ampliar la cooperación con autoridades federales, estatales, locales y tribales.
Vásquez advirtió que el Congreso continuará examinando el papel de las redes sociales en la violencia armada y no descartó impulsar medidas legislativas si las compañías no asumen compromisos claros.
“El trabajo de las corporaciones digitales impacta directamente en la seguridad pública. Ya no se trata de un asunto de libertad de expresión, sino de vida o muerte para nuestros jóvenes”, enfatizó.
