Una jueza federal de Estados Unidos validó la imposición de una tarifa de 100 mil dólares para nuevas solicitudes de la visa H-1B, un fallo que representó un golpe para empresas tecnológicas y sectores que dependen de talento extranjero altamente calificado.
La resolución fue emitida por la jueza de distrito Beryl Howell, quien determinó que la administración del presidente Donald Trump actuó dentro de sus facultades legales al ordenar el incremento sustancial en el costo de este tipo de visado laboral. El fallo respaldó así la estrategia del gobierno federal de endurecer la política migratoria y promover la contratación de mano de obra estadounidense.
En su dictamen, Howell desestimó los argumentos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, organismo que había presentado una demanda para frenar la medida. La jueza sostuvo que la proclamación presidencial se sustentó en una autorización explícita otorgada por el Congreso, lo que le permitió al Ejecutivo establecer la tarifa.
La decisión judicial fortaleció los esfuerzos de la administración para limitar el acceso a visas laborales y reducir la dependencia de trabajadores extranjeros en sectores clave como la tecnología, la ingeniería y las ciencias. Sin embargo, especialistas advirtieron que el aumento podría desincentivar la inversión y afectar la competitividad de empresas estadounidenses en el mercado global.
La Cámara de Comercio aún conserva la opción de apelar el fallo, por lo que el futuro de la tarifa podría seguir definiéndose en los tribunales, mientras compañías y empleadores evalúan el impacto económico y operativo de la nueva medida.
