EL PASO, Texas—La ciudad de El Paso anunció la resolución de la demanda que involucra a United Road Towing Inc. (URT) y Rod Robertson Enterprises Inc. (RRE) a través de una orden acordada negociada con el Departamento de Justicia (DOJ).
Estas investigaciones se centraron en presuntas violaciones de la Ley de Alivio Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas (SCRA) relacionadas con el decomiso y subasta de vehículos propiedad de miembros de las fuerzas armadas.
La posición de la ciudad siempre ha sido que RRE y URT son los únicos responsables de las violaciones, y que estos contratistas deben asumir los costos relacionados con las violaciones, ya que en sus contratos acordaron indemnizar a la ciudad y cumplir con todas las leyes estatales, locales y federales. RRE y URT pagarán la multa civil impuesta a la ciudad.
“Nos complace haber llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia en este asunto”, dijo la abogada de la ciudad, Karla Nieman. “Esta resolución subraya nuestro compromiso de defender las leyes federales que protegen a nuestros militares. Esto fue particularmente importante para la Ciudad dada la relación estrecha y duradera que tenemos con Fort Bliss, cuyos soldados, familiares y veteranos son considerados una parte integral de nuestra comunidad. Seguimos trabajando diligentemente para garantizar que se cumplan todas las obligaciones contractuales y que se sigan los procedimientos adecuados”.
En 2023, la Ciudad de El Paso, en cooperación con el Departamento de Justicia, inició investigaciones sobre las prácticas llevadas a cabo por URT y RRE con respecto al decomiso y posterior venta de vehículos pertenecientes a militares. Supuestamente, estas acciones se llevaron a cabo sin cumplir con las regulaciones federales descritas en la SCRA.
El 18 de mayo de 2023, la Ciudad recibió una notificación formal y, posteriormente, el 12 de diciembre de 2023, la Ciudad presentó demandas cruzadas contra RRE y URT. Estas demandas cruzadas describieron que RRE y URT están obligados contractualmente a defender e indemnizar a la Ciudad y buscaron hacer cumplir esa obligación. Como parte de la investigación de la Ciudad, y para evitar que surjan problemas en el futuro, la Ciudad modificó su Manual de Operaciones de la Unidad de Automóviles Abandonados el 21 de junio de 2024 para incluir políticas y procedimientos actualizados.
La Ciudad invitó al Departamento de Justicia a trabajar con la Ciudad y Fort Bliss para coordinar mejor la información sobre el despliegue de los miembros del servicio, pero el Departamento de Justicia se negó. Sin embargo, la Ciudad, a través de su Oficina de Asuntos Militares y de Veteranos, seguirá pidiendo la opinión del Ejército sobre las mejores prácticas para proteger los derechos de los soldados según la SCRA.
Como parte del proceso de investigación, la Ciudad realizó una auditoría junto con el Departamento de Policía de El Paso y el Auditor Interno. Esta auditoría se inició tras los acuerdos celebrados con el Departamento de Justicia en octubre de 2022, que suspendieron el plazo de prescripción para permitir investigaciones exhaustivas.
Durante el período de investigación, salió a la luz que ciertos vehículos de los miembros del servicio habían sido subastados de forma indebida sin seguir los protocolos de la SCRA. Tras el descubrimiento, la Ciudad detuvo de inmediato las subastas en las que no se observaron los procedimientos adecuados.
A través de la demanda del Departamento de Justicia y las demandas cruzadas de la Ciudad, se alcanzaron acuerdos separados con URT y RRE.
URT compensará aproximadamente $58,000 en daños a 50 miembros del servicio afectados desde el 20 de mayo de 2019 hasta el 11 de junio de 2023, y pagará una multa civil de aproximadamente $25,000.
RRE proporcionará aproximadamente $140,000 en daños a 122 miembros del servicio afectados desde el 1 de enero de 2015 hasta el 15 de abril de 2019, y pagará una multa civil de aproximadamente $20,000.
Durante este proceso, la Ciudad incurrió en aproximadamente $130,000 en honorarios y gastos legales. La Ciudad ahora está trabajando para resolver sus demandas cruzadas contra RRE con respecto al reembolso de estos honorarios legales, buscando la parte proporcional de RRE de estos honorarios y gastos legales en función de la responsabilidad proporcional de cada vendedor por los vehículos subastados sin seguir las pautas de la SCRA.
