- Investigación de la DEA revela vínculos financieros de Marco Bonilla con el cártel Jalisco Nueva Generación
Chihuahua, Chih.— Una investigación internacional liderada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha señalado al alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, por presuntos vínculos financieros con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El caso ha encendido alertas sobre una posible red de corrupción y complicidad al más alto nivel del gobierno municipal.
Los informes obtenidos por la DEA, en coordinación con el Departamento del Tesoro, sugieren que Bonilla y personas cercanas a él habrían sido parte de un esquema de lavado de dinero que involucraría a operadores del grupo criminal..
De acuerdo con reportes periodísticos, la investigación se originó en 2021, cuando informantes de la DEA detectaron encuentros entre colaboradores cercanos al edil y operadores financieros del cártel. Estos primeros indicios encendieron las alarmas y dieron pie al rastreo de cuentas bancarias y movimientos financieros tanto en México como en el extranjero.
Durante 2022, la investigación tomó fuerza al detectarse movimientos financieros irregulares en cuentas ligadas a familiares del edil. Una de las piezas clave fue el hallazgo de una cuenta bancaria en Ámsterdam, a nombre de Vanessa Ochoa Mendoza, media hermana de Bonilla, con un depósito superior a cinco millones de dólares. Las autoridades consideran esta cuenta como evidencia de una posible triangulación de fondos del cártel a través de canales internacionales.
Además, uno de los funcionarios más cercanos al alcalde ha sido implicado directamente en el manejo de recursos ilícitos, según registros revisados por las autoridades estadounidenses. Este punto ha reforzado la línea de investigación sobre un contubernio entre el gobierno municipal y la estructura financiera del grupo criminal.
A lo largo de 2023 y 2024, la investigación se ha ido fortaleciendo con nueva información que apunta a una relación estrecha entre Bonilla y miembros clave del CJNG, lo que, de confirmarse, evidenciaría la penetración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales.
Este caso ha generado preocupación no solo por los presuntos vínculos con el narcotráfico, sino por la posibilidad de que la corrupción esté facilitando el avance de grupos criminales en el norte del país. La investigación continúa en curso, y se espera que en los próximos meses se presenten cargos o nuevas acciones legales conforme se consoliden las pruebas.
