En el presente régimen de la llamada Cuarta Transformación (4T), se han realizado una serie de reformas profundas en varios aspectos de la vida nacional; algunas tienen buena acepción, pero otras no tanto. El actual presidente López Obrador ganó hace seis años la presidencia con un consenso considerable: 30 millones de votos, e hizo durante su administración algunas reformas, pero otras le fueron rechazadas porque su partido no tenía mayoría absoluta en el Congreso, y sobre todo porque el poder judicial tomó parte con la oposición; o sea, este poder no es apartidista (como debía ser) y siguió consignas de los partidos perdedores en las contiendas electorales. Ahora a este poder le toca ser analizado.
En el año 2024 la doctora Claudia Sheinbaum, de Morena, logró superar los 30 millones de votos que había obtenido el actual presidente de la república, con casi 36 millones de sufragios, cantidad que le da una enorme legitimidad. Esto indica que su propuesta de gobierno convenció a la población y por eso triunfó con ese amplio margen. Ahora ella asume el compromiso de impulsar la reforma del poder judicial junto con López Obrador, tarea en la cual no ha sido fácil avanzar, pues se ha tornado problemática en su primera etapa.
Durante una reunión que tuvieron el presidente saliente y la mandataria entrante, ambos coincidieron en impulsar una reforma al poder judicial, una de las instituciones más desprestigiadas y que, según la ciudadanía, merece ser modificada.
La reforma va en serio. La cámara de diputados está realizando consultas por todo el país; por ejemplo, el domingo 6 de julio se llevaron a cabo varios foros en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, en el resto del territorio hay la exigencia ciudadana de que se modifique este poder, que por años ha trabajado sin cambios.
Desde luego, los partidos derrotados se han empeñado en evitar los cambios, bajo acusaciones sin fundamento, pero el poder judicial es de las instituciones que requiere una modificación urgente, pues a diario vemos cómo se libera a criminales, en especial a los relacionados con el crimen organizado. La ciudadanía sabe que esto se hace no por el cumplimiento de la ley, sino por otros factores que tienen que ver con la corrupción. Ejemplos de ello hay muchos: ministerios públicos, jueces y magistrados han sido acusados; algunos han dejado el cargo, y los menos están en prisión por prácticas de corrupción.
El actual Estado mexicano ha impulsado las consultas conuna metodología que me parece valiosa. Se consulta a los especialistas en el tema, barras de abogados, magistrados y a ministerios públicos; también han participado ciudadanos de todos los signos. Es muy bueno que los legisladores, a quienes que les toca hacer los cambios, escuchen a la ciudadanía y le informen qué es lo que se pretende hacer. La invitación es abierta a toda la población, incluso a los partidos opositores a Morena o a las personas que han tenido una postura diferente a la 4T.
Vienen cambios importantes y esta reforma será de las principales, por lo que es necesario que la ciudadanía participe en los foros y presione a los legisladores para que hagan los cambios favorables a la sociedad, sobre todo en lo relacionado con el acceso a la justicia.
En la actualidad la justicia parece estar prohibida para muchos; solo los más pudientes económicamente puede acceder a ella. La mayoría del pueblo mexicano carece de recursos para defenderse debidamente. Esperemos que las reformas sean para bien de la sociedad. Aunque los cambios serán paulatinos, nuestra sociedad merece una mejor impartición de justicia. Hay que ser pacientes, valdrá la pena esa espera.
