Ambas demandas alegaron, en parte, que el Departamento de Policía de El Paso, bajo el liderazgo del difunto jefe de Policía Greg Allen, capacitó deficientemente a sus oficiales sobre cómo responder a los casos de salud mental.
La demanda resuelta por el Concejo municipal en una votación unánime, luego de una discusión de la sesión ejecutiva el martes, surgió de la respuesta de la Policía a una llamada el 23 de junio de 2015, que involucraba a Daniel Antonio Ramírez, quien estaba teniendo una crisis de salud mental.
“Voy a la tumba de mi hijo todos los días”, dijo el padre de Ramírez, Pedro, en un comunicado emitido por los abogados de la familia.
“Este viernes se cumplirán ocho años desde que lo mataron. Mi pena es la misma. Llamamos a la Policía para ayudar a mi hijo, pero el oficial lo mató. Todavía no entiendo por qué. Tampoco entiendo por qué el departamento cubrió a este oficial en lugar de responsabilizarlo”, agregó el padre.
El día que murió Ramírez, su madre, María, llamó al 911 para informar que su hijo tenía tendencias suicidas. Ramírez, de 30 años, murió después de que el primer oficial en la escena, el oficial de Policía de El Paso Rubén Escajeda, lo electrocutó.
“El objetivo de la familia Ramírez ha sido sacar a la luz estos problemas y evitar que otras familias sufran como ellos”, dijo Lynn Coyle, una de las abogadas que representa a la familia Ramírez.
En marzo de 2022, la Ciudad llegó a un acuerdo de $1.2 millones con la familia de Erik Salas Sánchez, de 22 años, a quien el oficial de Policía de El Paso, Mando Kenneth Gómez, disparó fatalmente varias veces.
Salas Sánchez recibió un disparo dentro de la casa de su madre en abril de 2015.
