Chihuahua, Chih., 2 de octubre de 2025— El diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado un exhorto dirigido al Poder Judicial para que aclare las circunstancias y fundamentos legales que permitieron otorgar prisión domiciliaria a un hombre condenado por secuestro, quien además tiene vínculos familiares con una magistrada en funciones.
El legislador solicitó a la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Marcela Herrera Sandoval, rendir un informe detallado sobre la resolución que modificó la sentencia de Edgar Hernán Escárcega Valenzuela, sentenciado originalmente a 52 años de cárcel por el delito de secuestro.
Torres Estrada subrayó que el Poder Judicial debe garantizar la correcta y transparente aplicación de la ley, especialmente en delitos de alto impacto social como el secuestro, donde “la pena tiene un doble propósito: castigar al infractor y proteger a la sociedad y a las víctimas”.
El exhorto también solicita que el Tribunal explique los criterios aplicados por el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes, quien otorgó la medida de “semilibertad” a Escárcega Valenzuela pese a no haber cumplido ni la mitad de su condena.
Además, el documento legislativo pide aclarar las razones por las cuales otros dos sentenciados, Manuel Antonio Villalobos Cruz y Rafael Ramón Cruz Chávez, recibieron beneficios similares. El Congreso demanda que se expliquen los argumentos jurídicos detrás de estas decisiones, se detalle la reparación del daño a las víctimas, y se precisen las medidas tomadas para evitar conflictos de interés, dado el parentesco del beneficiado con la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela.
El diputado morenista recordó que, según información de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, el condenado Escárcega Valenzuela ya había recibido una reducción de pena de más de 10 años en un proceso anterior y solo ha cumplido cinco años de su segunda condena. Además, no existen estudios de viabilidad de riesgos vigentes que justifiquen una medida de semilibertad.
“No se trata solo de un caso individual, sino de la credibilidad del sistema judicial y de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia”, afirmó el legislador al presentar su punto de acuerdo.
El exhorto fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y eventual pronunciamiento del Congreso local.
