Después de cinco años y con la mirada perdida, callado y visiblemente demacrado apareció en la la sala del tribunal 409 de Distrito, Patrick Crusius, asesino confeso de la masacre ocurrida en el supermercado Walmart, situado en el centro comercial Cielo Vista el pasado 3 de agosto de 2019, para asistir a la audiencia programada por el juez Sam Medrano.
“!Ay Dios mío!, fue una de las expresiones, cargada con gran dolor, que una de las personas, familiares de una de las 23 víctimas que murieron en el tiroteo suspiró al ver a Crusius entrar al tribunal estatal vestido con el uniforme distintivo de los presos del condado de El Paso, rayas blancas y color naranja. Iba esposado de manos y pies y portaba un chaleco antiblas color negro.
Lo que se suponía iba a ser una audiencia para fijar la fecha de inicio del juicio, en el que la Fiscalía solicita la pena de muerte, se convirtió en una arena de alegatos y quejas entre los abogados defensores y la fiscalia, por la cual han pasado tres fiscales desde que se registro el atentado contra la comunidad hispana.
Con voz firme y enérgica el juez Sambrano dijo que el caso no puede continuar retrasandose por este tipo de alegatos y fijó una segunda audiencia para el día 31 de octubre a las 9 de la mañana.
“Ese día se tiene que ventilar todo… así que prepárense para pasar varias horas en la sala”, expresó Sambrano para que le permita calendarizar el cronograma del juicio.
El anuncio provocó que familiares de las víctimas mostraran su decepción, desesperación y enojo por la forma en que se está conduciendo el caso y la lentitud en la impartición de justicia.
“Se trata de las víctimas. Se trata de las personas que fueron asesinadas ese día y están haciendo un desastre de todo y las únicas personas que están sufriendo y que necesitan estar rodeadas son las familias.Esto no se trata de él”, dijo Christopher Morales, un familiar de las víctimas del tiroteo quien al final de la audiencia expresó su frustración.
Impactado por el aplazamiento de la audiencia el paseño alzó la voz contra las autoridades judiciales después de haber sufrido el ataque de su madre, abuela y tía. Angustiado reclamó: “Ya paren este circo que están ejerciendo las autoridades”, dijo tras exigir justicia.
En la audiencia también estuvieron integrantes de la familia de Alexander Gerhard Hoffmann, así como Patricia Benavides, esposa de Arturo Benavides, ambos abatidos en el tiroteo. Los afectados dijeron estar decepcionados del sistema judicial y clamaron respeto en el proceso de sanación.
Y aunque la fiscalía se declaró lista para iniciar el juicio, la defensa insistió que no cuenta con la información ordenada. El clasificarla les llevaría hasta 24 meses, puntualizó.
“Encontramos mucha información que faltaba y que el estado no ha proporcionado”, dijo el abogado defensor Joe Spencer, en su queja ante el magistrado, mientras que el acusado escuchaba sentado al lado izquierdo de su defensor.
Aseguró que han sido más de un millón de archivos, entre videos, audios, fotografías, informes forenses y documentos que le fueron entregados por la fiscalía totalmente desordenados y repetidos.
A pesar de ello dijo se logró organizar el desorden del Ministerio Público en cuatro meses. La contratación de una empresa especializada logró que el número se redujera a 120 mil se dijo ante la audiencia que abarrotó la sala. 
También denunció que la oficina del fiscal del distrito ha ocultado intencionalmente pruebas que podrían ayudar a su cliente. Además de 15 grabaciones de llamadas telefónicas en la cárcel entre Crusius y sus abogados.
No obstante la fiscalía negó el dicho e informó que eran cuatro las grabaciones, mismas que ya fueron destruidas. “Sus acusaciones no se basan en la ley. Hemos analizado sus mociones y estamos bien”, dijo el fiscal de Distrito Bill Hicks, al término de la audiencia que tuvo una duración de 37 minutos.
