AUSTIN, Texas.— La promesa del presidente Donald Trump de entregar un cheque de 5 mil dólares a cada ciudadano estadounidense adulto si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y del Senado provocó cuestionamientos sobre su costo, viabilidad y condicionamiento a los resultados de las elecciones intermedias.
Trump presentó la propuesta, denominada “Dividendo Trump”, durante la convención republicana celebrada en Dallas. “Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, entregaré un dividendo de 5 mil dólares a cada ciudadano adulto”, declaró, según la Casa Blanca.
El mandatario sostuvo que los recursos provendrían del crecimiento económico y los ingresos generados por su política comercial. Sin embargo, hasta el momento no se habían establecido los mecanismos para financiar o distribuir los pagos, ni se había precisado si existirían límites de ingresos para recibirlos.
La candidata demócrata a gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, se sumó a las reacciones provocadas por el anuncio. Aunque respaldó la posibilidad de entregar dinero directamente a las familias, rechazó que el beneficio dependiera de que un partido político permaneciera en el poder.
“Apoyo la idea de Trump de enviar cheques de 5 mil dólares a los texanos, pero no puede depender de quién esté en el poder; debe tratarse de devolverle el poder a la gente”, declaró Hinojosa en un comunicado de campaña.
La candidata aseguró que miles de millones de dólares de los contribuyentes se destinaban a un sistema que, en su opinión, beneficiaba a intereses particulares y a conflictos en el extranjero. Consideró que esos recursos deberían utilizarse primero para aliviar la presión económica que enfrentaban las familias estadounidenses.
“En Texas, Greg Abbott ha retenido nuestro dinero mientras enfrentamos el aumento de los costos de la atención médica, la gasolina, los alimentos y la vivienda”, afirmó. Hinojosa prometió que, de llegar a la gubernatura, impulsaría cheques únicos de mil 500 dólares para cada hogar de Texas como parte de lo que denominó un “Reembolso del Impuesto a la Corrupción”.
De acuerdo con su propuesta, los recursos saldrían del Fondo de Estabilización Económica del estado, conocido como Rainy Day Fund, manteniendo una reserva de 10 mil millones de dólares para futuras emergencias. La medida necesitaría ser aprobada por la Legislatura de Texas; por lo tanto, tampoco constituía un beneficio ya autorizado.
La oferta de Trump enfrentaba un obstáculo similar. Aunque fue presentada como una promesa presidencial, el mandatario no podía disponer por sí solo de más de un billón de dólares del presupuesto federal. La entrega de los pagos requeriría legislación y la autorización de fondos por parte del Congreso. El costo se estimó en alrededor de 1.3 billones de dólares si se otorgaban 5 mil dólares a aproximadamente 260 millones de adultos.
Economistas también advirtieron que una distribución de esa magnitud podría aumentar el déficit federal y ejercer presión sobre la inflación. El vicepresidente JD Vance planteó que los estadounidenses de mayores ingresos podrían quedar excluidos y señaló los aranceles como una posible fuente de financiamiento, aunque los ingresos recaudados por ese concepto serían considerablemente menores al costo calculado del programa.
Diversos opositores calificaron el anuncio como un intento de influir en los votantes. No obstante, especialistas legales citados por medios nacionales explicaron que prometer una política pública condicionada al triunfo de un partido no equivalía necesariamente al delito de compra de votos, ya que el pago no estaría sujeto al voto individual de cada beneficiario. La controversia se concentró, en cambio, en la relación explícita establecida por Trump entre el beneficio económico y el control republicano del Congreso.
La propuesta surgió en vísperas de las elecciones intermedias, en las que estarán en disputa los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado. Más allá del debate electoral, tanto el plan de Trump como el de Hinojosa dependerán de procesos legislativos y de la disponibilidad real de recursos antes de que cualquier cheque pueda llegar a manos de los contribuyentes.
