Chihuahua, Chih; 23 de julio del 2026.– Cuando un gobierno pretende vender bienes públicos, la ley establece un principio básico: que la decisión no dependa de una sola persona. Ese es el propósito de la intervención del Congreso del Estado, un mecanismo de control diseñado para proteger el patrimonio de las y los chihuahuenses de decisiones discrecionales. Hoy, advirtió el coordinador del Grupo Parlamentario de morena, Cuauhtémoc Estrada, ese contrapeso está en riesgo.
El legislador señaló que diputadas y diputados del PAN impulsan una reforma a la Ley de Bienes del Estado para eliminar la obligación de que la venta de terrenos estatales sea autorizada por el Poder Legislativo. De aprobarse, la gobernadora Maru Campos podría disponer de inmuebles del dominio privado del Estado sin que exista discusión pública, dictamen o votación del Congreso.
“No es un cambio administrativo; es una transferencia de poder”, sostuvo Estrada. “Lo que buscan es que la gobernadora decida sola qué terreno vender, a quién venderlo y en qué condiciones, sin que exista un órgano que revise si esa operación beneficia o perjudica al interés público.”
El coordinador de los diputados de morena afirmó que la propuesta resulta especialmente preocupante porque se plantea en la etapa final de la administración estatal. “Van por el año de Hidalgo”, expresó. “Las diputadas y diputados del PAN pretenden dejarle a la gobernadora un regalo de despedida: la posibilidad de vender patrimonio de las y los chihuahuenses sin el control que hoy establece la ley.”
Estrada subrayó que la autorización del Congreso no es un trámite burocrático, sino un mecanismo de rendición de cuentas que obliga a transparentar el destino de los bienes públicos, las condiciones de su enajenación y el interés colectivo que justifica cada operación.
“Cuando se elimina un contrapeso institucional, no se agiliza el gobierno; se reduce la capacidad de vigilancia de la sociedad”, afirmó.
Finalmente, el legislador llamó a rechazar una reforma que, dijo, rompe el equilibrio entre poderes y abre la puerta a que decisiones sobre el patrimonio público se tomen sin supervisión democrática. “Los terrenos del Estado no pertenecen a un gobierno en turno; pertenecen a las y los chihuahuenses. Por eso su destino debe discutirse de cara a la ciudadanía y no resolverse desde una sola oficina.”
