El Congreso de Chihuahua aprobó por mayoría el exhorto presentado por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, para solicitar al Gobierno del Estado destine en el presupuesto para 2026, un incremento de al menos 20% con respecto al presupuesto del 2025, para la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM)
Lo anterior, con la finalidad de que la FEM tenga recursos humanos, materiales y tecnológicos, que permitan ampliar su cometido de llevar ante la justicia a más delincuentes violentadores de menores de edad.
La legisladora, dijo que, en México miles de menores sufren algún tipo de violencia cada año, donde muchos casos no se denuncian por miedo o por desconocimiento de los procedimientos legales. “Esa falta de denuncia deja a las víctimas desprotegidas y permite que los agresores continúen dañando a otros niños”.
Señaló que la importancia de dotar de presupuesto suficiente a la FEM en Chihuahua recae en su labor que no solo consiste en investigar delitos sexuales y de violencia familiar, sino en garantizar justicia, reparación del daño y acompañamiento integral a las víctimas y contar con un presupuesto suficiente no es un lujo administrativo, sino una condición indispensable para que la institución cumpla con eficacia su mandato de proteger los derechos humanos y prevenir la impunidad.
Aunado a lo antes comentado, la FEM debe contar con recursos suficientes para garantizar refugios temporales, asesoría legal gratuita y atención psicológica a largo plazo para las víctimas y sus familias.
Sin embargo, cuando el presupuesto es limitado, la atención se fragmenta, los niños no reciben terapia, las familias desisten de los procesos y los casos se archivan. De ahí que cada peso invertido en la FEM se traduce en prevención de futuros delitos y en reconstrucción de vidas dañadas.
En conclusión, dotar de recursos adecuados a la FEM significa proteger el presente y el futuro de la niñez chihuahuense. Cada caso atendido con profesionalismo es una oportunidad para devolver la confianza, garantizar justicia y construir un Estado más seguro, humano y sensible ante el dolor de sus víctimas.
