El Paso, Texas— La política educativa del estado de Texas frente a las protestas estudiantiles contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado preocupación e indignación en comunidades escolares de El Paso y otras regiones del estado, luego de que autoridades estatales advirtieran sobre arrestos de estudiantes, sanciones a docentes y la posible pérdida de fondos públicos para los distritos que permitan manifestaciones durante el horario escolar.
En este contexto, el Distrito Escolar Independiente de El Paso (El Paso ISD) envió el lunes 2 de febrero un comunicado a padres de familia informando que el distrito está al tanto de conversaciones entre alumnos sobre posibles protestas, aclarando que dichas actividades no están autorizadas por el sistema escolar.
El distrito precisó que los estudiantes que abandonen clases o salgan del campus durante el horario escolar serán registrados con faltas injustificadas, y que los padres o tutores serán notificados. No obstante, subrayó que respeta el interés de los alumnos en la participación cívica y los alentó a expresarse de manera segura, respetuosa y fuera del horario escolar, sin afectar las actividades académicas.
La postura de El Paso ISD se da tras los mensajes emitidos por el gobernador Greg Abbott y la Agencia de Educación de Texas (TEA), quienes han adoptado una línea estricta frente a las movilizaciones estudiantiles. El martes 3 de febrero, Abbott afirmó que su administración analiza retirar la financiación estatal a las escuelas que “incumplan su deber” al permitir protestas contra ICE durante el horario escolar.
En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador fue más contundente al señalar que las escuelas y su personal podrían ser considerados cómplices y afirmó que “ya era hora de que se arrestara a estudiantes como estos”, en referencia a protestas recientes en otras ciudades del estado.
Por su parte, la TEA emitió una guía advirtiendo que el llamado “activismo político inapropiado” puede derivar en consecuencias para estudiantes, educadores y distritos. Entre ellas se contemplan ausencias injustificadas con impacto financiero, investigaciones administrativas a maestros —que podrían incluir la suspensión de licencias— y la intervención estatal en los distritos escolares, incluso con el reemplazo de juntas escolares electas.
Estas advertencias han generado reacciones encontradas entre padres de familia y organizaciones comunitarias. Mientras algunos respaldan la necesidad de mantener el orden escolar, otros consideran que se está criminalizando la protesta pacífica y enviando un mensaje intimidatorio a los estudiantes, muchos de los cuales aseguran manifestarse por temor a que familiares migrantes sean detenidos o deportados.
Hasta el momento, no se ha confirmado que algún distrito del área Paso del Norte haya sido sancionado o intervenido por el estado. Sin embargo, autoridades educativas locales han reforzado sus mensajes preventivos ante el creciente clima de tensión.
Las protestas estudiantiles, registradas a nivel local y nacional, continúan colocando a los distritos escolares en una posición compleja, entre cumplir con las exigencias estatales y garantizar el derecho de los jóvenes a expresarse, en un contexto marcado por el impacto de las políticas migratorias en comunidades fronterizas como El Paso.
