Washington, D.C. — En una medida crucial para proteger la seguridad pública y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia concedió esta noche una suspensión cautelar de emergencia para bloquear la perjudicial norma provisional del gobierno de Trump-Vance, la cual revocaría o denegaría la renovación de las licencias de conducir comerciales (CDL) de solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La norma, emitida por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), amenazaba con dejar sin trabajo a casi 200.000 conductores comerciales capacitados y autorizados en todo el país, perjudicando el transporte público, el servicio de autobuses escolares, la respuesta a emergencias, las cadenas de suministro y la estabilidad económica local. Gobiernos locales y líderes de todo el país, representados por Democracy Forward y el Public Rights Project, presentaron un escrito de amicus curiae instando al tribunal a suspender la norma mientras se desarrolla el litigio.
La orden judicial suspende temporalmente la norma y evita un daño inmediato y generalizado a las comunidades que dependen a diario de conductores experimentados y con licencia.
“La decisión del tribunal impide que la administración Trump-Vance aplique una norma que sacaría de circulación a conductores cualificados y obligaría a ciudades y condados a recortar servicios esenciales”, declaró Elena Goldstein, directora legal de Democracy Forward. “Toda comunidad merece seguridad, estabilidad y un sistema de transporte que funcione, no políticas con motivaciones políticas que perturban el sustento de las personas, perjudican las economías locales y debilitan la infraestructura pública”.
“Este fallo es vital para los gobiernos locales de todo el país que se unieron para defender a sus comunidades”, afirmó Jill Habig, directora ejecutiva y fundadora de Public Rights Project. “La norma de la administración habría castigado a los trabajadores inmigrantes y refugiados, además de socavar servicios públicos esenciales. La labor de esta coalición dejó claro que las ciudades y los condados no se quedarán de brazos cruzados mientras la extralimitación federal pone en riesgo a sus residentes”.
El escrito de amicus curiae se presentó en apoyo de los demandantes Jorge Rivera Luján, Aleksei Semenovskii, la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME) y la Federación Estadounidense de Maestros (AFT).
La coalición que presentó el escrito de amicus curiae incluyó a: la ciudad de Albany, Nueva York; la ciudad de Cambridge, Massachusetts; el condado de Montgomery, Maryland; la ciudad de Nueva York, Nueva York; la ciudad y el condado de San Francisco, California; Celina Benítez, alcaldesa de la ciudad de Mount Rainier, Maryland; Jesse Brown, concejal de la ciudad de Indianápolis, Indiana; Chelsea Byers, alcaldesa de la ciudad de West Hollywood, California; Chris Canales, concejal de la ciudad de El Paso, Texas; Michael Chameides, supervisor del condado de Columbia, Nueva York; John Clark, alcalde del pueblo de Ridgway, Colorado; Alison Coombs, concejal de la ciudad de Aurora, Colorado; Christine Corrado, concejal del municipio de Brighton, Nueva York; y Nikki Fortunato Bas, supervisora del condado de Alameda, California. Brenda Gadd, concejal del área metropolitana de Nashville y del condado de Davidson, Tennessee; Caroline Torosis, alcaldesa interina de la ciudad de Santa Mónica, California; Terry Vo, concejal del área metropolitana de Nashville y del condado de Davidson, Tennessee; Ginny Welsch, concejal del área metropolitana de Nashville y del condado de Davidson, Tennessee; y Robin Wilt, concejal del municipio de Brighton, Nueva York.
