- Mejoras de infraestructura, iniciativas climáticas y protección de la salud pública en peligro
Washington, D.C. – Varias organizaciones que representan a líderes electos locales y comunidades en situación de vulnerabilidad han denunciado ante un tribunal de apelaciones cómo la congelación de fondos federales asignados por el Congreso para proyectos de infraestructura, impuesta por la administración Trump-Vance, ha puesto en riesgo proyectos comunitarios vitales. Los escritos amicus curiae fueron presentados en el caso Woonasquatucket River Watershed Council contra el USDA, en apoyo de los demandantes por la Conferencia de Alcaldes de EE. UU. y, por separado, por el Jane Addams Senior Caucus, el Sindicato de Inquilinos de Lakeside Tower, el Instituto de Reforma Legal de Massachusetts, el Proyecto Nacional de Derecho de la Vivienda, el Consejo de Acción para la Investigación sobre la Pobreza y la Raza, el Centro Shriver sobre Derecho de la Pobreza y la Clínica de Defensa de Inquilinos de la Facultad de Derecho Pritzker de Northwestern.
Los demandantes, representados por Democracy Forward y DeLuca, Weizenbaum, Barry & Revens, obtuvieron una medida cautelar en abril, lo que ha bloqueado la implementación de la congelación de fondos impuesta por la administración mientras el caso continúa. La demanda fue interpuesta por el Consejo de la Cuenca del Río Woonasquatucket, el Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, el Distrito de Conservación del Este de Rhode Island, el Proyecto de Acción por el Plomo Infantil, la Corporación de Desarrollo Vecinal de Codman Square y el Centro de Infraestructura Verde, impugnando la suspensión ilegal de fondos por parte de la administración. La orden judicial está siendo impugnada por el gobierno ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
“La amplia gama de líderes de confianza que se refleja en estas presentaciones a favor de nuestros clientes es significativa”, declaró Kevin Friedl, asesor principal de Democracy Forward. El tribunal actuó correctamente al detener la congelación ilegal de fondos de la administración Trump-Vance, ya que amenazaba directamente proyectos importantes en todo el país que no podían permitirse un retraso en la entrega de los fondos necesarios. La diversidad de voces que se alzan hoy es una clara señal de la magnitud del daño que se produciría si se permitiera que esta congelación ilegal de fondos volviera a entrar en vigor.
El caso argumenta que la congelación de fondos viola la Ley de Procedimiento Administrativo, interrumpiendo proyectos comunitarios vitales y poniendo en peligro empleos, iniciativas de salud pública y esfuerzos de resiliencia climática. El caso busca detener la congelación ilegal por parte de la administración Trump de miles de millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso bajo la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo, también conocida como la Ley Bipartidista de Infraestructura. El Congreso aprobó estas leyes para apoyar mejoras de infraestructura, iniciativas climáticas y protecciones a la salud pública.
El equipo de Democracy Forward que trabaja en el caso incluye a Friedl, Jessica Morton y Robin Thurston.
