El Paso, Texas. — En medio del dolor y la incertidumbre, Sandra Gámez, viuda de Rafael Reyes, ha iniciado una batalla legal en busca de justicia tras la muerte de su esposo en una celda del Condado de El Paso. La demanda, presentada en una corte federal con el respaldo de la firma legal Reyes y Reyes, acusa al Condado de El Paso y a la Oficina del Sheriff de graves irregularidades y exige más de un millón de dólares en compensación por lo que consideran una muerte injusta.
Rafael Reyes, de 57 años, fue arrestado el 7 de marzo de 2025 por adeudos de multas de tráfico. Dos días después, fue encontrado muerto dentro de una celda. Aunque las autoridades calificaron su deceso como “suicidio”, su familia rechaza rotundamente esta versión. “Era un hombre sano, trabajador y tenía planes de salir bajo fianza”, aseguró su viuda.
La demanda señala cuatro cargos principales: negligencia, falta de entrenamiento del personal, violación a los derechos civiles y violación a los derechos constitucionales. El abogado Arthur V. Werge, parte del equipo legal de la familia, enfatizó que el sheriff Oscar Ugarte tiene la obligación legal de salvaguardar la salud y el bienestar de los detenidos bajo su custodia.
“Estamos responsabilizando al condado y al sheriff directamente porque él tenía la obligación de proteger a Reyes”, explicó Werge. La querella también alega que se incumplieron protocolos básicos como exámenes médicos al ingreso y revisiones rutinarias dentro de la celda.
Además, el abogado subrayó que este no es un caso aislado. En lo que va de 2025, al menos tres muertes bajo custodia han sido reportadas como suicidios, algo que considera sospechoso y digno de una investigación más profunda. “Queremos saber qué está fallando dentro del sistema. ¿Por qué hay tantas muertes bajo custodia?”, cuestionó.
Hasta ahora, la Oficina del Sheriff ha evitado dar declaraciones públicas, amparándose en que el caso ya se encuentra bajo litigio. Por su parte, el juez del condado Ricardo Samaniego aseguró que el caso será tratado “con toda seriedad”.
La familia Reyes-Gámez, además del dolor emocional, ha enfrentado una severa crisis económica. Sandra perdió su hogar tras quedarse sin sustento y ahora también enfrenta una situación migratoria incierta. “Él era nuestro sostén. No sé cómo seguir adelante”, expresó entre lágrimas.
Según la demanda, los daños sufridos incluyen la pérdida de amor, afecto, compañía y apoyo económico, así como el dolor mental y físico que Reyes habría experimentado antes de morir. También se reclaman gastos funerarios, pérdida de herencia, y daños punitivos por la presunta indiferencia de las autoridades.
A pesar del silencio oficial, el caso ha generado preocupación sobre las condiciones carcelarias en el condado y ha reavivado el debate sobre la responsabilidad institucional. Los abogados llaman a otras posibles víctimas de negligencia a buscar asesoría legal. “Esto no puede seguir ocurriendo. Tiene que haber justicia, no solo para esta familia, sino para evitar más tragedias”, concluyó Werge.
Mientras tanto, la familia Reyes-Gámez espera entre el dolor, la frustración y la fe. “Confío en Dios y en mis abogados. Sé que lucharán por mi esposo”, dijo Sandra Gámez, aferrándose a la esperanza de que la verdad finalmente salga a la luz.
