El Paso, Texas — Una exmaestra y un asistente educativo del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) enfrentan serias acusaciones tras ser señalados por presuntamente agredir físicamente a estudiantes de educación especial, todos ellos menores de entre tres y cinco años con discapacidades del habla.
Las autoridades informaron que Rachael Lucas, quien laboraba como maestra de educación especial, fue arrestada el pasado 26 de junio tras ser captada por cámaras de seguridad agrediendo a seis estudiantes en el aula. La exdocente enfrenta seis cargos por lesiones corporales a menores. Entre las acciones registradas se incluyen empujones, el lanzamiento de una silla hacia un niño de cuatro años, golpes con un palo de escoba y ataques con un teléfono móvil, según los documentos judiciales. Lucas fue liberada bajo fianza y actualmente está siendo investigada por la Agencia de Educación de Texas.
El distrito escolar confirmó que la implicada ya no forma parte del personal docente. Sin embargo, padres de familia han cuestionado la forma en que se manejó el caso. Nancy Asagi, madre de uno de los menores afectados, denunció públicamente que no fue notificada del incidente sino hasta casi dos semanas después de los hechos. “Nos prometieron acceso a los videos, pero ha pasado más de un mes y seguimos esperando una respuesta clara. No sabemos realmente qué ocurrió con nuestro hijo”, expresó en entrevista con la televisora local KVIA.
El caso también involucra a David Gonzales, asistente de maestro, quien fue detenido y acusado de un cargo de lesiones corporales tras ser grabado golpeando en la cabeza y parte superior del cuerpo a un niño de tres años. Al igual que Lucas, Gonzales también enfrenta una investigación administrativa por parte de las autoridades educativas estatales.
Los presuntos abusos han generado indignación entre la comunidad, especialmente por tratarse de estudiantes en situación vulnerable que no pueden comunicarse verbalmente. Padres de familia exigen transparencia, justicia y una revisión a fondo de los protocolos de supervisión y seguridad dentro de las aulas especializadas del distrito.
Hasta el momento, EPISD no ha emitido mayores comentarios sobre las investigaciones en curso ni ha confirmado si los padres afectados podrán acceder a las grabaciones de los incidentes.
El caso sigue abierto y las autoridades continúan recabando pruebas mientras aumenta la presión pública para que se garantice la protección de los estudiantes más vulnerables del sistema educativo.
