El Paso, Texas.— La tensión migratoria se volvió clamor ciudadano esta semana en El Paso, donde decenas de personas alzaron la voz en protestas organizadas por activistas y miembros de la comunidad, quienes denunciaron los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como excesivos y violatorios de los derechos humanos.
Las protestas se extendieron durante dos días consecutivos. La primera, realizada en la Plaza San Jacinto, reunió a familias, estudiantes y líderes comunitarios. Al día siguiente, el movimiento se trasladó frente al Edificio Federal Richard C. White, donde los manifestantes se mantuvieron firmes mientras unidades de ICE entraban y salían del lugar. La vigilancia policiaca fue visible, pero distante, mientras pancartas y consignas exigían alto a las detenciones arbitrarias.
Entre los manifestantes, destacó la participación de Ixchy Martínez, estudiante de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), quien habló con energía y pesar: “No podemos quedarnos callados mientras separan a los niños de sus familias. No son solo deportaciones, son tragedias familiares. Esto duele, pero nos da fuerza para exigir justicia”.
Martínez también denunció la falta de atención médica para los menores detenidos y criticó la indiferencia de quienes, según dijo, “se tragan el discurso de que los migrantes son una amenaza”. Su mensaje fue compartido en redes sociales por cientos de usuarios, generando eco más allá de El Paso.
En paralelo, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), organización local con amplio historial de defensa migrante, calificó los operativos como inconstitucionales. “Estamos presenciando una ofensiva sistemática contra nuestras comunidades”, declaró Fernando García, director del organismo. “Estas acciones no responden a la seguridad nacional, sino a una política de miedo”.
La presencia del gobierno estatal también fue objeto de fuertes críticas, luego de que el gobernador Greg Abbott anunciara el posible envío de la Guardia Nacional para contener manifestaciones. “Esa respuesta solo alimenta la confrontación. Aquí estamos luchando por derechos, no por desorden”, señaló uno de los organizadores durante su intervención en el acto frente a la corte federal.
Además de la denuncia pública, las organizaciones sociales impulsoras de estas movilizaciones anunciaron una serie de actividades de resistencia civil: foros informativos, brigadas legales y una red de apoyo comunitario para familias en riesgo de deportación.
Josh Acevedo, representante del Distrito 3 del Concejo Municipal de El Paso, se sumó al llamado: “El Paso no puede quedarse al margen. Esta es una crisis nacional, pero también local. No podemos normalizar los abusos”.
Mientras ICE guarda silencio ante las acusaciones, la comunidad fronteriza de El Paso dejó claro que no piensa retroceder. Las pancartas siguen en alto, los gritos de justicia no cesan y el mensaje resuena: la frontera no es zona de guerra, es hogar de miles que exigen respeto a su dignidad.
