- Las organizaciones que impulsan la demanda afirmaron que las nuevas condiciones exigen que los estados utilicen el sistema de verificación migratoria SAVE
El Diario de NY
Cuatro jurisdicciones de Ohio, Tennessee y Texas demandaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por las nuevas condiciones impuestas por la administración de Donald Trump para acceder a fondos federales destinados a la seguridad y la prevención del terrorismo.
Los condados de Harris, El Paso y Davidson, junto con el Gobierno Metropolitano de Nashville y la ciudad de Columbus presentaron la demanda ante un tribunal federal, con el argumento de que el gobierno está utilizando recursos destinados a la seguridad pública para presionar a los estados y gobiernos locales a modificar sus procedimientos electorales.
Un comunicado difundido por el Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de NYU señala que las jurisdicciones sostienen que las condiciones son inconstitucionales y podrían poner en riesgo tanto la seguridad pública como la administración de las elecciones.
La demanda fue presentada con representación de Protect Democracy, el Brennan Center for Justice, Public Rights Project y Jacobson Lawyers Group.
El conflicto se origina en nuevos requisitos establecidos en junio por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para que los estados puedan acceder al Programa de Subsidios de Seguridad Nacional, creado por el Congreso en 2001 para apoyar a las comunidades en la prevención y respuesta ante actos de terrorismo.
Las organizaciones que impulsan la demanda afirmaron que las nuevas condiciones exigen que los estados utilicen el sistema de verificación migratoria SAVE, administrado por el DHS, para comprobar la ciudadanía de trabajadores electorales y votantes registrados.
También contemplan modificaciones en los sistemas electrónicos de votación y la realización de auditorías manuales del 5% de las boletas en papel. Los estados que no cumplan con estos requisitos podrían perder el 20% de los fondos correspondientes a los subsidios federales de seguridad nacional.
Las jurisdicciones demandantes argumentan que el Congreso, y no el Poder Ejecutivo, tiene la autoridad para establecer las condiciones de los gastos federales. Asimismo, señalan que la Constitución reserva a los estados y al Congreso competencias sobre las reglas que rigen las elecciones federales.
- Impacto en la seguridad pública
Las autoridades locales cuestionaron que recursos destinados a policías, servicios de emergencia y otros equipos de respuesta puedan quedar sujetos a la adopción de políticas electorales impulsadas por la administración federal.
Abbie Kamin, fiscal del condado de Harris, calificó la medida como un abuso de poder y sostuvo que retener recursos destinados a la seguridad pública para promover cambios electorales representa una amenaza para las comunidades.
Por su parte, Christina Sanchez, fiscal del condado de El Paso, afirmó que las nuevas exigencias incrementarían los costos y la carga administrativa de las oficinas electorales, mientras que los organismos de seguridad dependen de estos fondos para adquirir equipos necesarios para proteger a la población.
Desde Nashville, Tyler Yarbro, directora del Departamento de Derecho del Gobierno Metropolitano de Nashville y Davidson County, señaló que la demanda busca preservar los recursos destinados a los equipos de primera respuesta ante emergencias y posibles actos terroristas.
El fiscal de Columbus, Zach Klein, también cuestionó que los fondos antiterrorismo sean utilizados como mecanismo de presión para impulsar cambios en las elecciones.
- Acusan al DHS de exceder sus atribuciones
Daniel Jacobson, fundador de Jacobson Lawyers Group, dijo que la demanda busca que los tribunales hagan cumplir las disposiciones constitucionales que atribuyen al Congreso el control sobre el gasto federal y preservan las competencias de los gobiernos locales en materia electoral.
Jacek Pruski, de Protect Democracy, calificó como inconstitucional el uso de fondos antiterrorismo para imponer condiciones relacionadas con las elecciones y sostuvo que esos recursos fueron creados para proteger a las comunidades, no para funcionar como herramienta de negociación política.
Eliza Sweren-Becker, vicedirectora del Programa sobre Elecciones y Derecho al Voto del Brennan Center for Justice, afirmó que la administración está utilizando la seguridad electoral como argumento para imponer condiciones que afectarán la seguridad pública y la administración de las elecciones.
“Las elecciones ya son seguras y transparentes, y estas condiciones perjudicarían la administración de las elecciones y violarían el principio fundamental de la separación de poderes”, afirmó Sweren-Becker.
Toby Merrill, director de litigios de Public Rights Project, afirmó que el DHS intenta utilizar los fondos de seguridad nacional para modificar la manera en que los gobiernos locales administran las elecciones.
