Washington, D.C.— El legislador por Nuevo México, Gabe Vasquez, se sumó el 14 de enero de 2026 a los esfuerzos de un grupo de congresistas demócratas que promovieron artículos de juicio político contra la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, al considerar que su gestión había derivado en violaciones a derechos civiles, uso excesivo de la fuerza y una pérdida generalizada de confianza pública.
Vasquez confirmó que copatrocinó formalmente la iniciativa y afirmó que, bajo la dirección de Noem, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían desplegado tácticas “cada vez más violentas” en distintas regiones del país. A su juicio, estas acciones hicieron a las comunidades “menos seguras”, con un impacto desproporcionado en personas de color, y representaron un patrón de conducta “cruel e inaceptable” que exigía rendición de cuentas inmediata.
El congresista sostuvo que los estadounidenses merecían a una titular del DHS comprometida con el cumplimiento de la ley y con la protección de las libertades civiles, pero acusó a Noem de haber violado de manera sistemática esos principios. Señaló, además, que la secretaria había obstaculizado la labor de supervisión del Congreso y permitido operativos federales que sembraron temor en comunidades enteras.
En su declaración, Vasquez subrayó que el problema iba más allá de las acciones migratorias de ICE. Afirmó que el liderazgo de Noem había generado “caos” en las calles y que su gestión falló también en la atención a comunidades afectadas por desastres naturales, como Ruidoso, Nuevo México, al tiempo que priorizó intereses personales sobre el bienestar de los contribuyentes. “No es apta para servir como secretaria del DHS. Tiene que irse”, sentenció.
A la petición se sumó la congresista texana Veronica Escobar, quien respaldó los artículos de juicio político y coincidió en la necesidad de investigar el actuar del DHS. Legisladores de estados fronterizos como Texas y Nuevo México argumentaron que las políticas federales de seguridad y migración habían tenido efectos directos en sus distritos, exacerbando tensiones sociales y vulnerando derechos constitucionales.
La iniciativa impulsada por los demócratas buscó abrir un proceso formal de responsabilidad política contra la secretaria Noem, con el objetivo de que el Congreso evaluara su actuación al frente del DHS. Los promoventes insistieron en que el juicio político no era un acto partidista, sino una herramienta constitucional para exigir transparencia, frenar abusos de poder y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones federales.
El anuncio se dio en un contexto nacional de creciente debate sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales, las políticas migratorias y la protección de los derechos civiles, temas que continuaron marcando la agenda política en Washington y en las comunidades fronterizas del país.
