El Paso, Texas — Autoridades y líderes comunitarios acusan al gobierno federal de operar en secreto el mayor centro de detención de migrantes del país, instalado en Fort Bliss con capacidad para 5,000 personas y sin consultar a las autoridades locales.
La comisionada del Condado de El Paso, Jackie Butler, presentó este viernes una resolución para manifestar su oposición al complejo, valorado en mil millones de dólares y financiado con recursos federales. Butler denunció que el gobierno no consultó al condado antes de iniciar el proyecto, y advirtió sobre sus posibles repercusiones.
“Los habitantes de El Paso merecen transparencia cuando se instala un centro de este tamaño en su propio patio trasero”, afirmó al mostrar su ansiedad.“No sabemos quién lo operará, cómo serán tratados los detenidos ni cómo impactará en nuestra infraestructura y seguridad. Eso es inaceptable”.
La comisionada Jackie Butler advirtió que el llamado “Camp East Montana” está en manos de contratistas privados sin experiencia humanitaria, bajo un contrato de 1,200 millones de dólares, y sin transparencia sobre planes de personal, protocolos de trato o medidas de seguridad.
La resolución que discutirá el Tribunal de Comisionados del Condado este lunes exige frenar la opacidad, proteger los derechos humanos y evitar que instalaciones militares se usen para detención civil masiva.
La congresista Verónica Escobar y organizaciones de defensa de migrantes respaldan la denuncia, alertando que este modelo abre la puerta a abusos, condiciones inhumanas y una peligrosa militarización de la política migratoria en la frontera.
Entre los puntos clave, el Tribunal de Comisionados exige al Departamento de Seguridad Nacional, a ICE y a Fort Bliss la divulgación inmediata de los planes operativos, funciones de contratistas y protocolos de trato a las personas detenidas. Además, rechaza el uso de instalaciones militares para la detención civil masiva bajo contratos privados opacos.
