Fiel a una tradición forjada durante décadas, la comunidad de El Paso volvió a cerrar filas este martes para defender lo que considera su esencia: una ciudad solidaria, fronteriza y profundamente humana. Esa unidad se hizo visible tanto dentro como fuera de las salas de gobierno, donde ciudadanos, estudiantes y activistas alzaron pancartas con un mensaje contundente: “Fuera ICE”.
Mientras manifestantes ocupaban los asientos del Concejo Municipal y de la Corte de Comisionados del Condado, las autoridades locales avanzaban de manera coordinada en una postura conjunta para frenar la instalación de nuevos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región Paso del Norte.
El descontento social ha ido en aumento tras una serie de operativos migratorios que, de acuerdo con los manifestantes, han sembrado miedo en las comunidades, con agentes federales actuando encapuchados, portando armas largas y realizando detenciones que califican como violatorias de los derechos humanos. Para muchos residentes, estas acciones han roto la confianza y el tejido social de una ciudad históricamente binacional.
En ese contexto, el Concejo Municipal de El Paso aprobó por unanimidad un plan de acción para impedir la construcción de nuevas instalaciones de detención de ICE dentro de la ciudad, en coordinación con el gobierno del condado. El objetivo, señalaron los funcionarios, es utilizar todas las herramientas legales y administrativas disponibles para oponerse a estos proyectos federales.
El plan fue modificado tras una enmienda presentada por la concejal Deanna Maldonado-Rocha, que excluyó a El Paso Water de la coalición. La votación terminó empatada y fue el alcalde Renard Johnson quien rompió el empate, aprobándose la enmienda por 4 votos a favor y 3 en contra. Los concejales Josh Acevedo, Lily Limón y Chris Canales votaron en contra, mientras que Cynthia Trejo estuvo ausente.
Posteriormente, el Concejo dio luz verde a otra enmienda, impulsada por Acevedo, que obliga al personal municipal a presentar en un plazo de 60 días un informe para: establecer mecanismos que eviten el ingreso de autoridades federales a instalaciones municipales sin orden judicial, analizar una posible moratoria a instalaciones de ICE y revisar la cooperación actual entre la ciudad y las agencias migratorias federales.
Antes de la votación, el alcalde Johnson reconoció la movilización ciudadana y destacó el carácter pacífico de las protestas. “El Paso siempre ha liderado los temas fronterizos con respeto y compasión”, afirmó, al reiterar que “la ciudad no tiene planes, ni a corto ni a largo plazo, de albergar un centro de detención”.
Durante el debate, la concejal Lily Limón rechazó el argumento de que el gobierno local carece de voz frente a decisiones federales. “Puede que no tengamos autoridad unilateral, pero sí tenemos el poder de unirnos para oponernos”, dijo, dejando claro el mensaje político y social: “ICE no es bienvenido en la ciudad de El Paso”.
El concejal Chris Canales coincidió con esa postura y fue aún más directo al señalar que no desea la presencia de ICE en la ciudad y que, en su opinión, la agencia no debería existir.
La presión ciudadana se hizo sentir con fuerza. Decenas de residentes tomaron la palabra, entre ellos estudiantes de la Preparatoria Eastwood, integrantes del grupo Troopers for Justice, quienes entregaron una petición con más de 1,200 firmas exigiendo frenar la creciente presencia de ICE en la región.
“¿Qué otra ciudad está más capacitada para defender a su gente?”, cuestionó la estudiante Sophia Gutiérrez, mientras que Lalani Davis recordó que en El Paso se han registrado muertes durante operativos migratorios. “Los derechos humanos no se ganan, se tienen desde el nacimiento”, afirmó.
Aunque la mayoría de las intervenciones respaldaron las acciones del gobierno local, también hubo voces que pidieron respeto a las fuerzas del orden y llamaron a evitar la violencia. En contraste, la activista Angélica Rodríguez rechazó que se trate de un tema partidista. “La ciudad y el condado no lo politizaron; fue la administración federal. Aunque El Paso ha sido una ciudad acogedora, ICE no es bienvenido aquí”, sostuvo.
De manera paralela, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso aprobó por unanimidad una serie de medidas para enfrentar la propuesta de centros de detención migratoria, reconociendo que sus facultades frente a proyectos federales son limitadas.
Entre las acciones destacan la instrucción a la Oficina del Fiscal del Condado para presentar, en un plazo de 30 días, una exposición pública sobre el marco legal de estas instalaciones; el envío de cartas formales a legisladores federales y estatales expresando su oposición; la recopilación de información detallada sobre los sitios propuestos y la creación de un grupo de trabajo con actores locales.
El juez del condado, Ricardo Samaniego, admitió que las opciones legales son reducidas, mientras que la comisionada Iliana Holguín advirtió que los edificios propuestos cerca de Clint y Socorro “son almacenes, no espacios diseñados para albergar personas”.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se abrirán nuevos centros de detención en el condado, las autoridades locales reiteraron que continuarán explorando vías legales y regulatorias, en coordinación con municipios vecinos.
Así, como frente unido —institucional y ciudadano— El Paso reafirma su rechazo a la expansión de centros de detención migratoria y exige que la seguridad fronteriza no se imponga a costa de los derechos humanos ni del espíritu comunitario que ha definido a la región por generaciones.
