Por María Ortiz / La Opinión
Una jueza federal bloqueó el viernes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump dictada en marzo que exigía que los formularios de registro de votantes incluyeran una prueba de ciudadanía.
La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly, de Washington D.C., prohibió permanentemente a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) implementar la disposición de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige un comprobante de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes.
El fallo es una victoria para los grupos demócratas y de derechos civiles que demandaron al gobierno de Trump por su orden ejecutiva para reformar las elecciones en Estados Unidos, con una medida que restringiría el derecho al voto para miles de estadounidenses que no pueden aportar una prueba de ciudadanía, aunque hayan nacido en el país.
Una coalición de grupos defensores del derecho al voto y líderes demócratas presentó de inmediato demandas contra la administración Trump, obteniendo una medida cautelar en abril.
El tribunal dictaminó entonces que Trump se había extralimitado en sus funciones ejecutivas en un ámbito que la Constitución reserva a los estados y al Congreso.
La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly, de Washington D.C., prohibió permanentemente a la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) implementar la disposición de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige un comprobante de ciudadanía en el formulario federal de registro de votantes.
El fallo es una victoria para los grupos demócratas y de derechos civiles que demandaron al gobierno de Trump por su orden ejecutiva para reformar las elecciones en Estados Unidos, con una medida que restringiría el derecho al voto para miles de estadounidenses que no pueden aportar una prueba de ciudadanía, aunque hayan nacido en el país.
Una coalición de grupos defensores del derecho al voto y líderes demócratas presentó de inmediato demandas contra la administración Trump, obteniendo una medida cautelar en abril.
El tribunal dictaminó entonces que Trump se había extralimitado en sus funciones ejecutivas en un ámbito que la Constitución reserva a los estados y al Congreso.
