No es cuestión de meses, sino de años, lo que tardaría en iniciar el juicio estatal en contra de Patrick Crusius, acusado confeso de haber perpetrado la masacre de Walmart, en agosto 3 del 2019.
Así se dio a conocer el jueves durante la audiencia en la que privaron ataques de culpa entre abogados defensores y de la Fiscalía, celebrada en la Corte de Distrito 409, presidida por el juez Sam Medrano Jr.
“Hoy tenía la esperanza de que pudiéramos acercarnos a la resolución de este caso”, dijo el juez Medrano, del Tribunal de Distrito 409, al concluir la audiencia. “No estoy más cerca de programar o establecer una programación que en septiembre”, expresó tras definir una tercera audiencia programada para el 22 de febrero por la tarde.
A casi cuatro años y medio de haber ocurrido la tragedia, que dejó como saldo 23 personas muertas y 23 heridas, y una audiencia en la que se esperaba escuchar actualizaciones y acordar una fecha del litigio se convirtió en una arena en donde abogados de ambos lados pelearon por el manejo de las pruebas.
La audiencia del jueves fue una batalla de acusaciones entre la Fiscalía de Distrito, que insistió en que las pruebas estaban ya listas y la defensa que trataba de alargar el proceso. El defensor reviró y señaló que el fiscal intenta politizar el caso para buscar la reelección.
Aunque el proceso de sentencia de pena de muerte en contra del tirador está firme y avanza en esa dirección, a decir del fiscal de Distrito (DA) Bill Hicks, la contraparte lo acusó de presentar evidencias de una manera desastrosa y anteponer intereses políticos.
“Ahorita tenemos un desorden de información, una cantidad enorme, vamos a tratar de organizarlo para tener una idea de qué tanto tiempo vamos a tener para realmente repasar toda esa información. Tenemos que separar lo que ya está duplicado y nomás concentrarnos en lo que está enfrente de nosotros”, afirmó Joe Spencer, quien estuvo flanqueado por sus abogados Mark Stevens y Félix Valenzuela.
La acusación al fiscal Hicks de jugar a la política con el caso y atiborrar el expediente con más de 2.4 millones de archivos en las últimas semanas ha provocado la lentitud del caso, expusieron.
Sin embargo Hicks dijo que los abogados defensores han tenido acceso a la gran mayoría de las pruebas durante más de cuatro años por lo que deberían estar listos para el litigio.
El fiscal de Distrito mencionó en la audiencia que el único descubrimiento nuevo es un informe balístico, vigilancia de empresas, junto con imágenes de cámaras corporales y del tablero por lo que el dicho de Spencer lo calificó como exagerado.
Indicó que su equipo integrado por los fiscales, Rebecca Tarango, Rick Locke y John Briggs, creó un sistema de portal de casos donde todas las pruebas podrían ser fácilmente accesibles para ambas partes. “El problema en el caso es que hubo muchos descubrimientos compartidos”, agregó.
“Desde el principio dije que vamos a hacer avanzar este caso lo mejor que podamos. Y nosotros estamos listos para el juicio”, dijo Hicks al enfatizar que se han completado todas las evidencias… volveremos en febrero”, apuntó al asegurar que comunicaron bien al tribunal cuál era la situación y la etapa en la que están.
No obstante Spencer desmintió a Hicks al manifestar que obtuvieron siete terabytes de descubrimiento este mes, después de más de cuatro años y medio del crimen masivo. Eso no es culpa nuestra, eso no es culpa del juez, esa es una respuesta del fiscal de Distrito y se debe simplemente a que la política juega un papel”, dijo Spencer al sentir que hubo un sabotaje en papel.
Remarcó que el fiscal tiene la culpa porque ellos controlan toda esa información. Nosotros no. Nosotros estamos esperando, hemos estado esperando y nos dan poco a poquito, poco a poquito y luego nos dan duplicadas las cosas… ¿Cuál es la razón de eso? Nosotros tenemos obligación de repasar todo.
Agregó que cada fiscal nuevo que entra a la administración quiere hacer las cosas diferente, pero todos tienen el deseo de seguir como fiscal así que tratan de acomodar las cosas a modo de que se está representando a la comunidad. “Es un juego político para el fiscal”, remató.
La defensa dijo que el decir que se está listo es mentirle a la comunidad y los archivos digitales presentados en los últimos días, los cuales están con virus y contaminados, les llevará hasta 36 meses revisarlos, denunció.
Al preguntarle su opinión sobre el enojo y desesperación de los familiares de las víctimas que esperan un veredicto dijo: “Yo no los culpo, no nada más ellos quieren justicia, nosotros queremos justicia, la comunidad quiere justicia, pero se tiene que hacer bien si no nunca se va terminar este caso”.
Durante la audiencia, la cual se prolongó por más de una hora y después de escuchar los argumentos, el juez Medrano ordenó a ambas partes que establecieran plazos sobre cuándo creen que terminarán de revisar todas las pruebas y una lista de mociones previas al juicio. La tercera audiencia fue fijada para el 22 de febrero, a las 13:30 horas.
Aunque Crusius ya ha sido sentenciado a 90 cadenas perpetuas por el Gobierno federal por casos de terrorismo, su proceso del fuero común se ha rezagado por más de cuatro años debido a problemas entre la anterior fiscal de Distrito, Yvonne Rosales, y el juez que lleva el caso.
Para acelerar la selección del jurado, el fiscal Hicks, dio a conocer que retiró los cargos de agresión agravada con arma mortal de 2020 y volvió a acusar por los cargos de agresión agravada con arma mortal en diciembre de 2023.
Tras una serie de problemas legales, que influyeron en la destitución de la antigua fiscal Rosales y en la emisión de una orden de mordaza por parte del juez Medrano para que las partes involucradas no hablaran del caso, a mediados de diciembre Hicks dijo que la fase de descubrimiento había terminado y que todo estaba listo para comenzar el juicio estatal contra el tirador de Walmart. No obstante, ayer se demostró lo contrario.
