La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a las empresas Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V. para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
En el caso de Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V., se le impuso una multa de 791 mil 980 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses, debido a que se le rescindieron los contratos: número C-065-2024, celebrado con los Centros de Integración Juvenil, A.C.; número 91E-F-A-CORP-007/2024, suscrito con el Colegio de la Frontera Sur; número CA-300-AD-N-A-PE-027/24 celebrado con el Servicio de Administración Tributaria; y númeroCONANP/021/2024, celebrado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, todos ellos tenían por objeto la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024″, es decir, se le rescindieron cuatro contratos en un periodo de cuatro meses y 20 días, lo que es sancionable conforme a la Ley.
Respecto a Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V., se le impuso una multa de 701 mil 468 pesos y una inhabilitación por 1 año, toda vez que se le rescindieron los contratos: número AA-ADQ-N7AYO-IB01-2023, suscrito con los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) para la “Adquisición Sectorizada de Ropa Quirúrgica y Hospitalaria para el Ramo Administrativo 12 Salud y las Entidades de Control Directo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social y 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023” y, el diverso número 91E-F-A-CORP-005/2024, celebrado con el Colegio de la Frontera Sur, para la “Adquisición consolidada de vestuario, uniformes, calzado y equipo de protección para el ejercicio fiscal 2024”, esto es, se le rescindieron dos contratos en un plazo de 13 meses y 18 días, lo que es sancionable conforme a la Ley.
Las notificaciones de las respectivas sanciones se realizaron el 30 de enero de 2026 y sus publicaciones aparecen hoy en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, las referidas empresas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones, por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público.
Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Incumplir contratos públicos tiene consecuencias.
