Legisladores de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, encabezados por su coordinador Cuauhtémoc Estrada, ofrecieron una conferencia de prensa este lunes para anunciar que solicitarán formalmente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que ejerza la facultad de atracción sobre el caso del crematorio Plenitud, donde fueron encontrados 386 cuerpos no incinerados en condiciones irregulares.
Cuauhtémoc Estrada expresó su profunda indignación por los hechos, calificándolos como “una tragedia que exhibe un abandono institucional y una falta total de regulación por parte de las autoridades estatales y municipales”. En ese sentido, los legisladores morenistas exigieron que se realice una investigación a fondo para determinar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
“Este no es un hecho aislado ni un simple error. Aquí hay víctimas, familias afectadas, y sobre todo una cadena de omisiones por parte de quienes deberían garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos incluso después de la muerte”, afirmó Estrada.
Durante su intervención, el legislador pidió a la Fiscalía General del Estado actuar con transparencia y sin sesgos, además de exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a intervenir en el caso para acompañar a las familias que han denunciado la desaparición o mal manejo de los restos de sus seres queridos.
Asimismo, la bancada de Morena anunció que presentará un punto de acuerdo ante el Congreso para solicitar una revisión exhaustiva a los establecimientos funerarios y crematorios en todo el estado, así como una reforma legal que fortalezca los mecanismos de vigilancia y regulación del sector.
Los legisladores también cuestionaron el silencio y la falta de acción por parte de autoridades estatales en los primeros días del escándalo, y denunciaron una “actitud evasiva” de las dependencias encargadas de supervisar este tipo de servicios.
“El dolor de las familias exige respuestas y acciones inmediatas, no evasivas ni simulaciones. No vamos a permitir que esto quede en la impunidad”, concluyó Estrada.
El caso del crematorio Plenitud ha generado consternación a nivel estatal y nacional luego de que se encontraran cuerpos en avanzado estado de descomposición, sin los debidos registros ni protocolos, lo que ha encendido las alarmas sobre la operación irregular de estos establecimientos en Chihuahua.
Durante el pronunciamiento, la diputada Guzmán, presidenta del Congreso de Chihuahua, abrió la conferencia expresando su solidaridad con las familias afectadas.
“Nuestro respeto a las familias que hoy sufren un dolor profundo al no saber dónde están sus seres queridos. Nuestra solidaridad también con una comunidad que exige justicia y dignidad. El hallazgo de más de 380 cuerpos no puede considerarse un accidente, hay omisiones y complicidades que deben investigarse a fondo”, dijo con firmeza.
Guzmán agregó que, a un mes de los hechos, muchas familias continúan sin recibir respuestas claras, viviendo una segunda etapa de duelo y profunda incertidumbre.
“Este hecho ha abierto una herida en el corazón de los juarenses. No puede pasar desapercibido. Hemos escuchado a personas que creyeron haber superado la pérdida de un ser querido y hoy dudan incluso del contenido de las urnas que recibieron”, señaló.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes denunció la impunidad institucional y cuestionó el abandono sistemático que vive Juárez.
“Juárez ha vivido tragedia tras tragedia. ¿Hasta cuándo esta ciudad va a seguir siendo víctima de autoridades corruptas y negligentes? ¿Cómo es posible que se acumularan casi 400 cuerpos sin que nadie lo supiera? Aquí hay un problema grave de corrupción y colusión que exige justicia.”
Pedro Torres, también integrante de la bancada, calificó como inaceptable que las autoridades estatales hayan declarado desde el inicio que “no había delito qué perseguir”.
“Esto es inédito. No concibo cómo alguien puede convivir con cientos de cadáveres sin consecuencias. Exigimos sanciones ejemplares, no solo para los responsables directos, sino para todos los funcionarios que incurrieron en omisiones.”
Por su parte, Rosana Díaz denunció la falta de sensibilidad institucional y la revictimización de las familias, señalando que muchas de ellas enfrentan dificultades hasta para acceder a los documentos que les permitan reclamar justicia.
En su intervención, Jael Arguelles destacó que el ocultamiento de cadáveres está tipificado como delito, además de que el crematorio operaba fuera de las normas sanitarias establecidas:
“La Ley General de Salud establece que los cuerpos deben ser cremados en un máximo de 48 horas, salvo excepción judicial o sanitaria. Aquí hubo fallas sistemáticas: la Coespris no actuó, se otorgaron permisos discrecionales y no se cumplieron los estándares mínimos de salubridad ni de infraestructura.”
La diputada señaló también que uno de los hermanos de los presuntos responsables tiene contratos con dependencias del gobierno estatal, como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Humano, lo que podría configurar un conflicto de interés y encubrimiento.
- Propuesta de atracción federal y reforma legal
El coordinador del grupo parlamentario, Cuauhtémoc Estrada, confirmó que Morena solicitará formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, que analice la atracción del caso. Argumentó que la investigación local avanza con lentitud y que existe un conflicto de interés al ser la propia Fiscalía del Estado la encargada de investigar posibles responsabilidades de funcionarios estatales.
“Este caso es único en el país, tiene un impacto social enorme. Nos han buscado decenas de familias pidiendo apoyo, por eso anunciamos que haremos esta solicitud a la FGR. No estamos prejuzgando, pero sí pidiendo que se valore si hay elementos jurídicos para atraerlo. Sería lo más sano institucionalmente”, afirmó Estrada.
Añadió que Morena también presentará iniciativas legislativas para fortalecer la regulación de crematorios y funerarias, entre ellas:
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Obligar a las funerarias a contar con crematorio propio o un contrato de arrendamiento para operar legalmente.
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Establecer responsabilidad solidaria entre funerarias y crematorios.
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Crear un protocolo de custodia familiar para el trato digno de los cuerpos.
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Reformar el Código Penal para endurecer las penas por delitos relacionados con el manejo indebido de restos humanos, ya que actualmente la pena es de solo seis meses a dos años.
“Vamos a dar acompañamiento jurídico a quienes así lo soliciten. No se trata de revictimizar, sino de respaldar a las familias en este proceso tan doloroso”, concluyó.
- Contexto del caso
El caso del crematorio Plenitud estalló a inicios de julio, cuando autoridades encontraron más de 380 cuerpos apilados sin incinerar. Las investigaciones preliminares revelaron deficiencias graves en la supervisión sanitaria y presuntas irregularidades en la cadena de custodia entre funerarias y crematorios.
Hasta el momento, solo 27 cuerpos han sido identificados, y más de mil personas han acudido a la Fiscalía de Distrito Zona Norte buscando esclarecer si las cenizas que recibieron realmente pertenecen a sus seres queridos.
El caso ha conmocionado a Ciudad Juárez y al país entero, y pone bajo la lupa la negligencia institucional, la corrupción y la falta de regulación efectiva en un servicio tan delicado como el funerario.
