ás de 20 estados, la mayoría de ellos gobernados por demócratas, demandaron el martes al gobierno de Estados Unidos por sus esfuerzos para recortar los pagos de Medicaid al mayor proveedor de abortos del país: Planned Parenthood.
La medida es una respuesta al paquete de recortes fiscales y de gastos que el presidente Donald Trump promulgó a principios de este mes. Los nuevos recortes se centran en servicios como exámenes y pruebas de detección de cáncer, control de natalidad y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, al poner fin a los reembolsos de Medicaid durante un año para los principales proveedores de servicios de planificación familiar.
Los recortes se aplican a grupos que recibieron más de 800.000 dólares de Medicaid en 2023. El objetivo era apuntar a Planned Parenthood, pero la legislación también afectó a un importante proveedor médico en Maine.
California, Nueva York, Washington D.C., Connecticut y otros estados argumentan en una demanda presentada en el tribunal federal de Massachusetts que el lenguaje de la disposición es poco claro sobre a qué grupos se aplica. También afirman que se toma represalias contra Planned Parenthood por abogar por el acceso al aborto, violando la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda.
Los estados están solicitando que la parte de la ley sea bloqueada y declarada inconstitucional.
Los recortes amenazan el acceso a la atención médica para muchos estadounidenses de bajos ingresos, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa.
“Este ataque no se trata sólo del aborto”, dijo el demócrata. “Se trata de negar a las comunidades vulnerables el acceso a la atención que necesitan todos los días”.
