Una serie de operativos encabezados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en coordinación con autoridades estatales y locales, sacudió este martes a la comunidad hispana en Alabama, particularmente en restaurantes que venden comida mexicana, donde se ejecutaron múltiples órdenes de cateo y detención.
Las acciones, que se llevaron a cabo de manera simultánea en al menos 14 establecimientos ubicados en seis condados del estado, forman parte de una investigación federal de largo alcance, misma que —según las autoridades— aún se encuentra en sus primeras etapas. De acuerdo con el informe preliminar, los operativos están vinculados con presuntos delitos de tráfico de drogas, contrabando de personas, fraude documental y delitos financieros.
Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Auburn, voceros de las agencias participantes confirmaron que aún se busca a César Campos Reyes, un hombre originario del condado de Lee, señalado como pieza clave en la investigación. Se presume que Campos Reyes podría estar en el país de manera irregular.
Aunque las autoridades no especificaron cuántos arrestos se realizaron ni cuántos trabajadores resultaron afectados, el despliegue generó pánico entre empleados, empresarios y residentes, sobre todo dentro de la comunidad inmigrante, que teme que estas redadas se extiendan a otras ciudades del país con alta concentración de población hispana.
Versiones no oficiales indican que operaciones similares podrían replicarse en otras entidades, lo que ha encendido las alarmas entre propietarios de negocios latinos, muchos de los cuales se encuentran reevaluando sus procesos de contratación por temor a ser blanco de investigaciones federales.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han condenado el uso de tácticas “intimidatorias” en lugares de trabajo, argumentando que este tipo de operativos generan un ambiente de miedo e incertidumbre, además de criminalizar a comunidades enteras sin distinción entre trabajadores legales e indocumentados.
Mientras tanto, abogados de inmigración en Alabama han comenzado a organizar clínicas legales y líneas de ayuda ante el creciente número de personas que buscan asesoría tras los operativos del martes. La comunidad permanece en alerta, temiendo que lo ocurrido en Alabama marque el inicio de una nueva fase en las políticas de cumplimiento migratorio a nivel nacional.
