- Las políticas de USCIS ponen en peligro las protecciones humanitarias y a las familias
Boston – Una coalición de organizaciones de defensa de los inmigrantes y sindicatos presentó hoy una demanda para impugnar una serie de políticas ilegales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Estas políticas amenazan con privar a decenas de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de su capacidad para trabajar, mantener a sus familias y permanecer de manera segura en los Estados Unidos.
La demanda impugna cuatro políticas de USCIS que implementan partes de la llamada ley “One Big Beautiful Bill Act” (Ley de un Gran Proyecto de Ley Hermoso), las cuales imponen ilegalmente nuevas barreras a los solicitantes de asilo y a los beneficiarios del TPS. En conjunto, estas políticas ponen a miles de personas en riesgo inmediato de perder su autorización de trabajo, desestabilizan a sus familias y —en el caso de los solicitantes de asilo— podrían hacerles perder el acceso a las protecciones humanitarias que el Congreso garantizó bajo la ley federal.
Entre los demandantes en el caso se encuentran la Asociación Venezolana de Massachusetts; la National TPS Alliance (NTPSA); el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP); el Service Employees International Union (SEIU); y el 32BJ SEIU. Están representados por Democracy Forward, la National Day Laborer Organizing Network y ASAP.
La demanda impugna la decisión de USCIS de rechazar solicitudes de asilo pendientes y cancelar permisos de trabajo cuando los solicitantes no pagan una nueva tarifa anual de asilo, todo ello sin proporcionar un aviso suficiente de que el pago vence, sin ofrecer un periodo de gracia para pagos atrasados ni mecanismos para apelar el rechazo. Esta política podría impedir permanentemente que personas que cumplen con los requisitos soliciten asilo, cancelar de inmediato su autorización de trabajo y exponerlas a la detención y deportación a países donde enfrentan persecución.
Asimismo, la demanda impugna la eliminación ilegal, por parte de USCIS, de una norma vigente durante décadas que obligaba a la agencia a procesar las solicitudes iniciales de permiso de trabajo para solicitantes de asilo en un plazo de 30 días; un cambio que la agencia realizó sin previo aviso al público ni oportunidad de comentarios, tal como exige la ley.
La demanda también cuestiona la implementación por parte de USCIS de nuevas políticas de autorización de empleo para los beneficiarios del TPS. Se alega que USCIS aplicó ilegalmente cambios recientes en la duración de los permisos de trabajo del TPS de manera retroactiva y de una forma que cancela indebidamente la autorización de trabajo de personas que permanecen legalmente protegidas bajo el TPS. Como resultado, trabajadores de la salud, personal de limpieza, empleados aeroportuarios, ingenieros, trabajadores de servicios de mantenimiento y muchos otros en todo el país se enfrentan a la pérdida de sus empleos, su seguro médico y su estabilidad financiera, a pesar de seguir cumpliendo los requisitos para recibir protección humanitaria.
“A la Asociación Venezolana de Massachusetts (VAM) le preocupa profundamente que, en un momento en que el reciente terremoto en Venezuela ha dejado a innumerables familias en crisis, nuestros miembros se vean obligados a luchar para conservar su derecho a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Más del 60% de nuestros miembros han perdido a un amigo o familiar, y muchos intentan ayudar a sus seres queridos desplazados de sus hogares. Estas políticas amenazan la capacidad de nuestros miembros para trabajar, mantener a sus familias aquí y enviar ayuda urgente a sus familias en Venezuela, justo en el momento en que más la necesitan”, declaró Carlos Martin Medina, director de la Asociación Venezolana de Massachusetts.
Jose Palma, coordinador de la National TPS Alliance (Alianza Nacional del TPS), afirmó: “Los beneficiarios del TPS, al igual que todos los trabajadores, dependemos de nuestros empleos para llevar comida a la mesa de nuestras familias y a la nuestra. La administración Trump intenta hacernos la vida imposible impidiéndonos trabajar. Sin embargo, la ley garantiza a los beneficiarios del TPS el derecho al trabajo, y hoy presentamos esta demanda para proteger ese derecho, tanto para ellos como para otros inmigrantes que están siendo atacados por la administración Trump”.
Isaac, miembro de la NTPSA y parte demandante en el caso, comentó: “Trabajo para mantenerme a mí mismo y a mis cuatro hijos, que son ciudadanos estadounidenses. Si se cancela mi autorización de empleo, no sé cómo pagaremos la hipoteca y las demás facturas. Espero que el tribunal tome medidas pronto para que pueda seguir trabajando y contribuyendo a mi comunidad, tal como lo he hecho durante las últimas dos décadas”.
“La capacidad de nuestros miembros para acceder al mercado laboral y solicitar asilo se está desmoronando bajo sus pies”, señaló Swapna Reddy, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP). «El gobierno utiliza la tarifa anual de asilo como pretexto para expulsar a las personas del sistema de asilo y dejarlas sin trabajo. Los solicitantes de asilo corren el riesgo de que se rechacen sus solicitudes y se cancelen sus permisos de trabajo por falta de pago a tiempo, incluso si no han recibido notificación sobre dicha tarifa. ASAP se enorgullece de apoyar a los solicitantes de asilo, a los beneficiarios del TPS y a las organizaciones y sindicatos que los representan, para defender el derecho de los inmigrantes a trabajar y buscar seguridad».
Richard, miembro de ASAP y protagonista de este caso, declaró: “El gobierno está complicando las cosas para los inmigrantes que, como yo, intentamos hacer todo correctamente, incluido el pago de la nueva tarifa anual para solicitantes de asilo. Me preocupa no saber cuándo tendré que pagar en el futuro y que pueda omitir un pago por error. En mi caso, presenté mi solicitud de asilo hace varios años y no puedo gestionar mi expediente en línea; dependo totalmente de las notificaciones que llegan por correo. Si una carta se pierde, llega tarde o nunca la recibo, es posible que no me entere de que debo realizar un pago. Es muy preocupante pensar que mi familia y yo podríamos perder nuestro caso de asilo o nuestros permisos de trabajo simplemente porque una notificación nunca llegó a nuestras manos”.
Manny Pastreich, presidente del sindicato 32BJ SEIU, afirmó: “La ley es clara: mientras los beneficiarios del TPS mantengan un estatus válido, la normativa les permite trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias. El intento de la administración Trump de cancelar prematuramente los permisos de trabajo de los salvadoreños amparados por el TPS ignora tanto los derechos como las necesidades de estos trabajadores, incluidos los miembros de nuestro sindicato. Además, pone en peligro la labor vital que desempeñan a diario para empleados de oficina, usuarios de aeropuertos y otras personas. Esta es una medida más, ilegal y malintencionada, de la Administración que perjudica claramente tanto a los beneficiarios del TPS como a los millones de personas que dependen de su trabajo”.
“Durante generaciones, el Congreso ha reconocido que las personas que huyen de la persecución y aquellas que no pueden regresar a sus países de origen de manera segura merecen protecciones humanitarias conforme a nuestras leyes”, señaló Brian Netter, director legal de Democracy Forward. “La administración Trump-Vance intenta desmantelar dichas protecciones mediante acciones administrativas ilegales que el Congreso nunca autorizó. Estas políticas draconianas privarían a las personas de su capacidad para trabajar, mantener a sus familias y buscar las protecciones que garantiza la ley, todo ello sin el debido proceso básico. Nuestras leyes no permiten que ninguna administración cambie las reglas a mitad del camino, prive a las personas de sus derechos sin previo aviso ni ponga en riesgo a miles de familias mediante decisiones burocráticas arbitrarias. Acudiremos a los tribunales para garantizar que se cumpla la ley y que estas protecciones humanitarias vitales sigan siendo efectivas”.
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