- Impugna la amenaza del Departamento de Seguridad Nacional de retener fondos de seguridad pública para forzar cambios perjudiciales en la organización de las elecciones
EL PASO, TEXAS — El Condado de El Paso se ha unido a una demanda federal para
impedir que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas
en inglés) intente utilizar fondos destinados a la seguridad pública como mecanismo de presión
para cambiar la manera en que los estados y gobiernos locales administran las elecciones.
El Condado de El Paso, el Condado de Harris, el Gobierno Metropolitano de Nashville y
el Condado de Davidson, Tennessee, y la Ciudad de Columbus, Ohio, presentaron la demanda
hoy lunes ante el Tribunal Federal de Distrito en Washington, D.C.
Las ciudades y condados —representados por las organizaciones Public Rights Project,
Protect Democracy, el “Brennan Center for Justice” de NYU y el “Jacobson Lawyers Group”—
sostienen que los nuevos requisitos impuestos por DHS para la entrega de estos fondos harían
que las elecciones fueran más costosas, más difíciles de administrar y menos confiables. La
coalición también afirma que estos requisitos violan la Constitución y ponen en riesgo la
seguridad pública.
“Retener fondos federales esenciales para promover una falsa narrativa política es ilegal.
Esto afecta directamente a las oficinas electorales locales, a las agencias policiacas y a las
comunidades a las que tienen la responsabilidad de servir”, declaró la Procuradora del Condado
de El Paso, Christina Sanchez.
La demanda impugna una decisión de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
(FEMA, por sus siglas en inglés) -que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional- de
retener el 20 por ciento de los fondos de apoyo a programas de seguridad pública a menos de que los estados y algunos gobiernos locales cumplan con nuevos requisitos federales que regulan la
manera en que se llevan a cabo las elecciones.
Durante décadas, estos fondos han ayudado a los gobiernos locales a prepararse y a
responder ante actos de terrorismo, desastres naturales y otras emergencias. Los nuevosrequisitos
ponen en riesgo estos fondos esenciales al vincularlos con cambios en la manera en que se
realizan las elecciones locales. Para el Condado de El Paso, están en juego aproximadamente
$1.75 millones proyectados el próximo año a través de la Operación Stonegarden que recibirían
las agencias policiacas locales, además de más de $170,000 para comprar equipo esencial para
las agencias de primeros auxilios.
Entre los requisitos que tendrían que cumplir los gobiernos locales al organizar las
elecciones se encuentran:
• Cambiar a boletas de papel marcadas a mano en lugar del sistema electrónico de votación
que actualmente utiliza el Condado de El Paso. El cambio costaría aproximadamente $3
millones solamente para comprar las impresoras necesarias para producir las boletas.
• Realizar manualmente una auditoría de por lo menos el 5% de los sufragios, lo que
generaría costos adicionales significativos y, en algunos casos, sería contrario a la ley
estatal.
• Utilizar el sistema de verificación de ciudadanía para votantes llamado “Systematic Alien
Verification for Entitlements (SAVE),” que ha sido demostrado que está lleno de errores.
“La oficina local de elecciones ya tiene que cumplir con controles y requisitos técnicos
estatales muy rigurosos que garantizan la efectividad y la seguridad del sufragio,” explicó la
Procuradora del Condado Christina Sanchez. “Imponer requisitos adicionales es costoso y
representa una carga innecesaria, mientras que nuestras agencias del orden público dependen de
estos fondos para adquirir equipo esencial que ayuda a proteger y salvar vidas”, concluyó
Sanchez.
En la demanda los gobiernos locales argumentan que estas nuevas condiciones violan la
separación de poderes establecida por la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo.
La Constitución otorga al Congreso la autoridad para establecer las condiciones bajo las cuales
se gastan los fondos federales y otorga a los estados la facultad de establecer las reglas para las
elecciones.
Veinticinco estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda similar para
impedir la aplicación de estos requisitos electorales en sus estados. Los gobiernos locales que
participan en este nuevo caso se encuentran en estados que no participaron en aquella demanda
y probablemente no estarían protegidos por una resolución favorable en el caso presentado por
los estados.
Al presentar esta demanda, el Condado de El Paso está solicitando a un juez una orden
judicial que suspenda temporalmente la decisión federal y, posteriormente, que declare ilegales
las nuevas reglas para que se liberen la totalidad de
