Tres meses después de iniciar su segundo mandato presidencial, Donald Trump parece estar lejos de alcanzar el número récord de deportaciones que prometió.
Si bien las cifras de la nueva administración aún no han superado las de presidentes anteriores, el régimen de Trump ha intensificado la ilegalidad de su aplicación de las leyes de inmigración, en gran parte evadiendo el debido proceso y enviando personas a una notoria megaprisión en El Salvador.
El presidente autoritario de ese país, Nayib Bukele, ha declarado con entusiasmo que las puertas de su penitenciaría estarán abiertas para más inmigrantes y reclusos enviados desde Estados Unidos –a expensas de los contribuyentes estadounidenses. La mayoría de los enviados a la prisión de El Salvador no tienen antecedentes penales, y uno de los reclusos, Kilmar Abrego García, fue deportado injustamente y está casado con una ciudadana estadounidense. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó su regreso, pero tanto Bukele como Trump se han negado.
Mientras gran parte del país se centra en los asuntos autoritarios internacionales de Trump, la policía en todo Estados Unidos está silenciosamente formándose para ayudar a proporcionar la mano de obra que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Trump necesita para aumentar las rezagadas cifras de deportación.
Para complementar sus aproximadamente 6,000 agentes de deportación de ICE –pendiente de posible financiamiento superalimentado del Congreso– la administración Trump ha solicitado la ayuda de departamentos federales, incluyendo la Agencia Antidrogas (DEA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Pero una expansión aún más significativa podría estar desarrollándose a nivel de condado y municipal en todo el país.
Desde finales de enero, casi 200 agencias policiales de condado, ciudad y estado han firmado lo que se conoce como acuerdos modelo de grupo de trabajo 287(g) con ICE. Estas agencias operan en 23 estados, con un asombroso número de 137 en Florida.
Hasta ahora, 14 agencias han firmado acuerdos de grupo de trabajo en Texas, principalmente oficinas de alguaciles de condados rurales, así como el Condado de Smith, que es hogar de Tyler y más de 245,000 personas en el este de Texas. La Oficina del Fiscal General de Texas y la Guardia Nacional de Texas también han firmado acuerdos de grupo de trabajo con ICE.
El programa de grupo de trabajo 287(g) está siendo revivido 13 años después de que la administración Obama lo terminara en medio de controversias sobre perfiles raciales. El programa permite a los oficiales locales que han recibido capacitación federal “realizar ciertas funciones de un oficial de inmigración”, como se describe en el acuerdo utilizado por la administración Trump, incluida la facultad de: “interrogar a cualquier extranjero o persona que se crea que es extranjero sobre su derecho a estar o permanecer en Estados Unidos”; arrestar sin una orden judicial a cualquier persona que el oficial crea que “está en Estados Unidos en violación de la ley y es probable que escape antes de que se pueda obtener una orden”; ejecutar órdenes por violaciones de inmigración; y preparar documentos de acusación de inmigración.
Esta forma de colaboración de ICE con las autoridades locales es “realmente agresiva”, dijo Kristin Etter, directora de política y servicios legales del Consejo de Leyes de Inmigración de Texas. “Literalmente son oficiales en las calles deteniendo, reteniendo, cuestionando, interrogando, arrestando –el modelo de grupo de trabajo es un multiplicador de fuerza de las agencias federales de inmigración”.
Hay otros dos tipos de programas 287(g), que han persistido a través de las últimas presidencias, pero esos modelos están limitados a la cooperación entre ICE y los condados dentro de las cárceles y han generado mucha menos preocupación.
Las nuevas fuerzas de tarea 287(g) han proliferado más rápidamente en Florida: con el respaldo del gobernador Ron DeSantis al programa, cada uno de los 67 alguaciles de condado en el estado ha firmado un acuerdo de grupo de trabajo, además de agencias municipales y estatales.
Texas ocupa el segundo lugar entre los estados en grupos de trabajo firmados, con 14, aunque eso es una pequeña fracción de los 254 alguaciles del estado y su galaxia de agencias policiales municipales y estatales.
Entre los signatarios de Texas está el alguacil del Condado de Kinney, cuya oficina ha colaborado con organizaciones paramilitares y compró rifles lanzadores de gas pimienta y gas lacrimógeno el año pasado para potencialmente usarlos contra migrantes.
Notablemente, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), que tiene alrededor de 5,000 oficiales comisionados y lidera los esfuerzos de seguridad fronteriza del estado, no ha firmado un acuerdo de grupo de trabajo.
La agencia no respondió a las preguntas del Observer enviadas por correo electrónico. La oficina del gobernador tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
Observan desatención en otras áreas
En una audiencia del comité de la Cámara en marzo, el subdirector de Operaciones de Aplicación de la Ley del DPS de Texas, Jason Taylor, pareció advertir contra al menos algunos aspectos de los acuerdos 287(g): “Si estamos sacando a policías estatales, agentes especiales, Rangers de la línea para procesar, entonces creo que estamos disminuyendo algunos de los aspectos de seguridad pública de nuestra agencia”, dijo Taylor.
La Guardia Nacional de Texas (TNG) que tiene alrededor de 23,000 miembros, firmó su acuerdo de grupo de trabajo 287(g) con ICE el 11 de abril. Los soldados de la TNG han sido desplegados regularmente en la frontera de Texas para disuadir a los migrantes bajo la Operación Estrella Solitaria y otras movilizaciones.
El gobernador Greg Abbott firmó un acuerdo a principios de este año con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) autorizando a la TNG a hacer cumplir la ley de inmigración junto con la Patrulla Fronteriza. Ese acuerdo se realiza conforme a un estatuto federal diferente al 287(g), que la administración Trump ha invocado engañosamente para abordar una “afluencia masiva” de migrantes, y difiere en algunos aspectos de los grupos de trabajo 287(g).
El nuevo acuerdo 287(g) de la TNG sugiere que la Guardia podría hacer cumplir la ley de inmigración en partes del estado lejos de la frontera. Además de participar en proyectos políticos como la Operación Estrella Solitaria, la TNG se despliega en respuesta a emergencias estatales, incluidos huracanes y pandemias. El Departamento Militar de Texas no respondió a los correos electrónicos y llamadas del Observer para esta historia.
Crece preocupación de grupos defensores
Los defensores están preocupados por las agencias locales y soldados que se involucran en el negocio de la aplicación de la ley de inmigración, que normalmente se ha dejado a ICE y CBP. “No habría amortiguadores”, dijo Etter.
Pero queda por ver si los alguaciles de Texas se unirán masivamente al programa de grupo de trabajo, como sus homólogos de Florida.
Algunos condados con presupuestos ajustados pueden encontrar el modelo oneroso, ya que ICE paga por la capacitación pero no por las horas dedicadas a hacer cumplir la ley federal. “Si eres una oficina de alguacil de un condado realmente pequeño, y tal vez solo hay dos o tres de ustedes, puede ser poco práctico ejecutar ese programa”, dijo Thomas Kerss, el director ejecutivo de la Asociación de Alguaciles de Texas.
Incluso los condados de tamaño mediano pueden encontrar el programa poco práctico. “No estamos dudosos de participar”, dijo el Diputado del Sheriff Scott Giles del Condado de Potter, que es hogar de Amarillo y no tiene un acuerdo de grupo de trabajo. “Tenemos preocupaciones o consideraciones del mundo real sobre el personal. No tenemos el personal para dedicar a un grupo de trabajo de ICE a tiempo completo”.
Una ley podría obligar a sheriffs
Los dos condados más grandes con sheriffs republicanos, Tarrant y Collin en el norte de Texas en rápido crecimiento, tampoco han firmado acuerdos.
Pero la reticencia de los sheriffs podría no importar pronto. La legislación ha pasado por el Senado de Texas y está pendiente en la Cámara que, en su forma actual, obligaría a los sheriff de condados con 100,000 residentes a “solicitar, y según se ofrezca” firmar un acuerdo 287(g) con ICE o “un acuerdo bajo un programa federal similar”. (Más del 80 por ciento de los texanos viven en condados con una población de al menos 100,000 residentes).
La legislación actualmente no especifica qué tipo de acuerdo 287(g) deben solicitar o aceptar las oficinas de sheriff, ni aclara qué otros acuerdos similares podrían sustituir al 287(g).
“¿Qué es un programa federal similar al 287(g)? Eso depende de la administración Trump, y eso depende de Stephen Miller—y luego nuestros alguaciles locales estarán obligados por eso”, dijo Etter. “Realmente queda a la imaginación del gobierno federal”.
El Proyecto de Derechos Civiles de Texas también ha expresado preocupaciones sobre la legislación. El director de política y defensa de la organización, David Sánchez, lo llamó un “intento imprudente de convertir a los sheriffs en agentes federales” en un comunicado de prensa.
“Este proyecto de ley socava el control local, empeora la elaboración de perfiles raciales y desperdicia recursos que necesitamos para mantener seguras a nuestras comunidades”, dijo Sánchez. “No hace que Texas sea más seguro—lo hace más temeroso”.
ICE no respondió a las preguntas para esta historia.
Ya firmaron pero falta capacitación
Por ahora, los acuerdos de grupo de trabajo 287(g) que ya están firmados son en gran parte solo papel, ya que la capacitación federal requerida no se ha puesto ampliamente disponible. “Estamos sorprendidos de que aún no haya sucedido”, dijo el Diputado del Sheriff del Condado de Goliad, Caleb Breshears, agregando que su departamento –que firmó un acuerdo de grupo de trabajo en febrero–había estado preguntando a los federales al respecto a principios de abril. “Se nos dijo que todavía están trabajando en ello”.
Breshears dijo que esperaba que la capacitación fuera un programa en línea de 40 horas. Una hoja informativa de ICE dice que la capacitación del grupo de trabajo será “proporcionada virtualmente”, y los medios locales en Florida también han informado que la capacitación sería de 40 horas y en línea.
El gobernador Abbott también ha emitido una orden ejecutiva ordenando “a todas las agencias estatales apropiadas que ayuden a los actores federales que trabajan bajo la dirección de la Administración Trump con el desempeño de funciones bajo las leyes federales de inmigración”, aunque el alcance del impacto de la orden sigue siendo confuso.
Si la Legislatura aprueba la cooperación obligatoria con ICE y Abbott organiza todo el aparato estatal para respaldar la agenda de deportación de Trump, dijo Etter, “literalmente terminaremos viviendo en un estado que es básicamente un gigantesco ejército de ICE”.
