Juez bloquea restricciones de Trump a visas de estudiantes y periodistas extranjeros

La decisión se produjo un día antes de que la norma comenzara a aplicarse. El fallo es temporal mientras continúa la demanda presentada por una coalición de organizaciones educativas y sindicatos contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

• El juez cuestiona el argumento de seguridad nacional

La Administración Trump había defendido la modificación de las reglas de admisión como una medida necesaria para reforzar la seguridad nacional y controlar el cumplimiento de las condiciones de los visados.

Saylor, sin embargo, sostuvo que el Gobierno no había demostrado una conexión suficiente entre esos objetivos y las restricciones establecidas. También planteó si la norma podía perseguir otros fines, entre ellos un mayor control sobre las instituciones académicas.

El magistrado concluyó además que el DHS no cumplió adecuadamente con las exigencias de la Ley de Procedimiento Administrativo, entre ellas la obligación de considerar alternativas menos gravosas y responder de manera significativa a los comentarios recibidos durante el proceso regulatorio.

• ¿Qué establecía la norma?

La regulación, publicada por el DHS en julio, buscaba sustituir el sistema conocido como “duration of status”, que permite a estudiantes y visitantes de intercambio permanecer en el país mientras mantienen las condiciones de sus programas, por periodos de admisión definidos.

Los titulares de visas F, destinadas principalmente a estudiantes, y J, para visitantes de intercambio, quedarían limitados a un máximo de cuatro años por periodo de admisión.

Para los periodistas extranjeros con visa I, el límite sería de 240 días, aunque podrían solicitar extensiones. En el caso de periodistas con pasaporte de China, el periodo máximo sería de 90 días.

Los estudiantes o participantes de intercambio que necesitaran más tiempo tendrían que solicitar una extensión formal ante las autoridades migratorias.

La demanda fue presentada en agosto por una coalición encabezada por NAFSA: Association of International Educators, junto con organizaciones de educación superior y sindicatos, entre ellos The NewsGuild-CWA.

Los demandantes sostienen que el DHS no evaluó adecuadamente los costos y beneficios de la norma, no respondió de forma suficiente a los comentarios públicos y no consideró alternativas menos perjudiciales.